SEÑOR JUEZ, USTED TIENE LA DECISIÓN

Un adolescente comenzó su peregrinar por el desierto hace una década. Las violaciones constantes a los derechos humanos, que viven las personas de su país africano, le empujaron a tomar la decisión más importante de su vida: abandonar su familia, sus amigos, su tierra… Lo que más se quiere en este mundo.

Después de muchas vicisitudes, algunas pusieron su vida en riesgo, consiguió entrar en Andalucía sin documentación. Ruló por diferentes lugares de España hasta que recaló en Córdoba, ingresando en un centro de protección de menores. Una prueba ósea, con escasa fiabilidad biológica, determinó que era mayor de edad, lo que le obligó a abandonar apresuradamente el centro antes de que la policía lo detuviese y expulsara.

Después de unos meses en un albergue de transeúntes, fue acogido en la casa de una Asociación que lucha por los derechos de los inmigrantes. El chico después de un tiempo y con la ayuda solidaria de los miembros de la Asociación logró sus papeles, permisos de residencia y trabajo. Antes llegó a desempeñar la tarea de responsable de la casa por sus habilidades personales y sociales y consiguió el título de la ESO y de un ciclo formativo de grado medio. Se hizo respetar por parte de los compañeros de la casa y ganarse el cariño por las personas de la Asociación, a la que considera su familia andaluza.

Llegó a independizarse, consiguió trabajo, alquiló su propia vivienda y llegó a enamorarse de una chica cordobesa. El verano pasado logró su máximo sueño, volver a su país para visitar a su familia y amigos. De vuelta nos contó el momento tan esperado de encontrarse con su madre, traducido en un abrazo fundido de amor y lágrimas de tanta emoción.

Regresó feliz y volvió a comenzar a trabajar. Cuando todo le iba bien, después de tanta esfuerzo, se topó con algo inesperado al renovar su documentación. La Subdelegación del Gobierno le denegó la renovación por no haber trabajado el tiempo suficiente, lo que suponía la orden de expulsión. Él no era consciente de que la última empresa lo contrató por dos horas a la semana cuando estuvo trabajando más de ocho horas al día durante meses.

La situación está en manos de un juez. Me pregunto: ¿quién ganará en un Estado social y democrático de derecho? ¿El chaval que ha luchado por dignificar su vida o una Administración miope que en vez de dictaminar una orden de expulsión no sanciona a la empresa que lo ha explotado laboralmente? Señor juez, usted tiene la decisión, la última palabra.

                                                                  Córdoba, 5 de julio de 2017

                                                                       Miguel Santiago Losada

                                                                                  Profesor