Una nueva hoja de ruta

El Estado español padece una serie de graves problemas que obligan a la búsqueda urgente de soluciones sociales y políticas. El empobrecimiento de la población, la corrupción, la territorialidad, los privilegios de la Iglesia católica y la Jefatura del Estado empujan a una gran reforma de la Constitución de 1978.

El principal problema de este país es el que sufren millones de personas debido al empobrecimiento social que conduce, en muchos casos, a la exclusión. Esta grave realidad choca frontalmente con la primera cualidad que define a nuestro Estado: un Estado Social. Un Estado Social está obligado a que los derechos humanos sean el eje transversal y vertebrador del mismo, cuyo primer objetivo debería consistir en conseguir una distribución de la renta, entre todos los habitantes del Estado, lo más equitativa posible y deseable. Cuando el Estado no cumple con su primera cualidad, la social, es un Estado fraudulento para su ciudadanía, un Estado carente de salud democrática al no lograr una distribución de la renta justa, según marca el art. 40 de la Constitución. Esta situación condena a una de cada cinco personas a la pobreza o a la exclusión social, hace que seamos uno de los países europeos con mayor pobreza infantil, miles de ciudadanos se han visto desahuciados, no ha permitido la integración de miles de inmigrantes o refugiados, mantiene pensiones miserables (sobre todo las que perciben las mujeres), ha provocado que la pobreza energética complique aún más la vida a millones de personas. Estos datos son la consecuencia de un Estado, encabezado por el Gobierno, que en lugar de trabajar por mejorar la calidad de vida de su ciudadanía, ha invertido 60.000 millones de euros en la banca privada, ha sido cómplice de la corrupción despilfarrando millones de euros, y al mismo tiempo, ha realizado, sin ningún tipo de pudor, enormes recortes sociales. Todo ello nos conduce a una sociedad dual entre los que viven y malviven. Me temo que el Gobierno de España está haciendo todo lo posible por echar cortinas de humo para a fin de propiciar que el principal problema de este país quede difuminado con otros acontecimientos que le puedan generar más réditos en las urnas, como por ejemplo, la territorialidad.

La territorialidad es sin duda otro problema importante del Estado. El artículo 1º de la Constitución Española de 1978 dice: España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho. No dice Nación, dice Estado. Un Estado Democrático es un sujeto jurídico-político basado en la soberanía del pueblo que lo constituye y no a la inversa. Una Nación se puede definir como: «una comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio nacional, que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una memoria histórica, uno o más elementos de una cultura compartida y un cierto grado de solidaridad» (Anthony D. Smith, sociólogo de la London School of Economics). En vez de articular vínculos afectivos que logren una acomodación de las diferentes realidades del Estado se ha inducido a todo lo contrario: al desafecto, al agravio y a la radicalización. ¿Cuándo vamos a comprender que este Estado es diverso y plurinacional? Nuestro Estado tiene al menos cuatro nacionalidades históricas reconocidas en sus propios estatutos autonómicos: Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Urge, junto al desarrollo del Estado Social, la implantación del Estado Federal.

Por último, la Corona y la Religión mayoritaria tienen que dar un paso atrás. La Corona, una realidad trasnochada en la Europa del siglo XXI, abriendo la puerta a que el Jefe del Estado sea elegido por sufragio universal. La Religión, perdiendo todos sus privilegios en la nueva Constitución, lo que no significa la falta de reconocimiento a sus prácticas y tradiciones. El Art. 16.3 de la actual Constitución lo deja claro: Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

De esta manera será posible despejar el camino hacia la convivencia entre toda la ciudadanía, profesemos o no una religión, sigamos diferentes ideologías, seamos catalanes o andaluces, hombres o mujeres, desarrollemos nuestra sexualidad atendiendo a nuestra orientación sexual, no sintiéndonos superiores a otras etnias o culturas. Y, sobre todo, con una economía doméstica que nos haga vivir a todos/as con dignidad. Los ciudadanos/as del Estado español hemos sabido salir de situaciones más complicados que las actuales. ¿Por qué no vamos a ser capaces de jubilar a la Constitución agotada de 1978 e ilusionarnos con una nueva que nos haga más Estado Social y Democrático de Derecho?

* Profesor