lunes, 12 de abril de 2021

EL FARISEISMO DE LA HOMOSEXUALIDAD EN LA IGLESIA

 

Ocurrió en el vuelo de regreso de Río de Janeiro a Roma. Después de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Copacabana en julio de 2013, el papa Francisco se dirigió a los periodistas del avión y les preguntó: “¿Quién soy yo para juzgar a los homosexuales?”. Jesús de Nazaret nunca condenó la homosexualidad, fue Pablo de Tarso el que señalaría, desde su educación y formación farisaica, a los adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, borrachos, como excluidos  del  Reino de Dios (Cor 6, 10). Incluso cuando se habla de sodomitas en el AT, según algunos hermeneutas, el pecado de Sodoma fue la falta de hospitalidad con los mensajeros de Dios. No siendo un pecado sexual, sino social. La homosexualidad no es un pecado contra natura, la propia naturaleza tiene mil pruebas de ello; para el evangelio los pecados contra natura son las guerras, el hambre, la falta de un techo digno, la ausencia de vacunas y medicamentos para las enfermedades, el abandono de niños y ancianos, la vejación de las mujeres, el rechazo al migrante. El Dios padre-madre es un Dios inclusivo, abraza a todos sus hij@s, es el papaíto o la mamaíta como diría Jesús de Nazaret, que no distingue por etnias, orientación sexual, género o creencias. El programa de Jesús es la Bienaventuranzas, evaluadas en el juicio de las naciones de Mt 25, 31-46: “tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. ¿Desde qué supuestos evangélicos se basa la doctrina de la Iglesia para prohibir el matrimonio homosexual?

 

Veinte siglos después, en 1948, tuvo lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo primer artículo se afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, completado  con el artículo segundo al referirse a que no debe existir distinción alguna de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole”. Es más, el artículo doce señala al que ose entremeterse en la “vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”. El artículo16: 1 proclama que  “los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia” (no indica que tenga que ser exclusivamente heterosexual el matrimonio). ¿Cómo puede negar la Iglesia este derecho humano? Como plantea el teólogo José María Castillo, el Estado Vaticano “pone de manifiesto la contradicción en que vive una institución religiosa que, por boca de su autoridad suprema, exhorta a los demás al cumplimiento de los derechos humanos, al tiempo que en esa misma institución, tales derechos no se ponen en práctica (…) Los súbditos del Estado Vaticano carecen de derechos debidamente garantizados, es evidente que dentro de ese Estado no resulta posible reconocer y poner en práctica los derechos humanos”. Además la iglesia vive una gran esquizofrenia en su propio seno como describe el escritor Frédéric Martel en el libro, Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano, que arroja luz sobre uno de los mayores secretos de nuestra época: “el Vaticano (según el autor) es una organización con predomino gay”. El papa Francisco, que llegó a leer el libro, manifestó que era “correcto”.  Solo una cosa es segura: la relación de la Iglesia Católica con la homosexualidad está marcada por contradicciones y doble moral.

Cada vez son más países los que aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿hasta cuándo la Iglesia católica estará al margen de las constituciones de los estado democráticos? ¿hasta cuándo la iglesia dejará de causar tanto sufrimiento y dolor entre los creyentes homosexuales? Incluso jerarcas católicos alzan su voz en contra de la postura oficial de la iglesia como el presidente de la Conferencia Episcopal alemana, Georg Bätzing, que dijo no sentirse “feliz” por la toma de postura de Roma en este momento. Y es que la teología romana parece haber retrocedido de nuevo a los tiempos previos al Concilio Vaticano II.

 

Córdoba, 22 de marzo de 2021                                                                                               Miguel Santiago Losada,

en nombre de las Comunidades Cristinas Populares de Andalucía

                                                                        

martes, 30 de marzo de 2021

CARMEN CALVO Y LA MEZQUITA


Me dirijo a usted, señora Vicepresidenta Primera del Gobierno, como ciudadano y paisano de la Ciudad de los Califas para expresarle, desde los conocimientos que me han sido dados por la memoria de mis antepasados y desde mis sentimientos, que brotan desde el amor que guardan mis entrañas por nuestro acervo patrimonial e histórico, la oportunidad que nos ha dado la historia para anular la inscripción eclesiástica de la Mezquita-Catedral de Córdoba y devolverla al ámbito del dominio público.

A continuación le hago participe de algunas referencias de autoridades expertas en la materia para recordarle que en ningún documento histórico consta la donación de la Mezquita de Córdoba a la Iglesia.  El historiador Iluminado Sanz, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, afirma que las donaciones reales a la Iglesia de Córdoba por el rey Fernando III fueron: “diezmos de almojarifazgo, diezmos de alguacilazgo, quintos de salinas, tiendas con sus respectivas rentas, dos hornos, dos aceñas, quinientas aranzadas de viñas, cien aranzadas de huerta, más un tercio de los olivos de rey. En la relación de donaciones nunca encontraremos la Mezquita. Julio González, importante medievalista contemporáneo y uno de los mayores estudiosos de Fernando III, afirma que no hay un solo documento de donación de un templo en todo su reinado. El que fuera canónigo archivero de la catedral de Córdoba, Nieto Cumplido,  no encontró ningún rasgo sobre la titularidad del templo en todos los documentos medievales recopilados en su obra Corpus medievalis cordubense. Ana Verdú, directora del Archivo Municipal de Córdoba, en una entrevista (Cordópolis, 05-06-2016) llegó a decir que en “toda la diplomatura de Fernando III no consta nunca la donación de un inmueble para uso catedralicio. No consta”. El informe municipal del Ayuntamiento de Córdoba de 2018, en el que usted participó como jurista junto a Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, y los historiadores Alejandro García Sanjuán y Juan B. Carpio, consideró que la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba había “lesionado los intereses generales de la ciudadanía cordobesa” y propuso la pertinencia de elevar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC con el objeto de anular la inscripción del monumento.

Asimismo le recuerdo que tanto PSOE como su socio de gobierno, Unidas Podemos, concurrieron a las elecciones del 10 de noviembre de 2019 con la promesa en sus programas electorales de recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica. El mismo Presidente Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, anunció las “modificaciones legislativas” oportunas para “revertir las inmatriculaciones” irregulares practicadas por los obispos.

La universal Mezquita, con su milagroso mestizaje arquitectónico, fruto de las diferentes etapas históricas de Córdoba, objeto de distintos credos y admiraciones, es la seña de identidad de nuestro pasado andalusí y el mejor baluarte de la interculturalidad en el presente. Córdoba no se puede entender sin Mezquita y el bellísimo monumento omeya no tendría mejor lugar que el suelo patricio en el que está enraizada. La Mezquita, patrimonio de la humanidad desde 1984, fue objeto del deseo poseedor del obispo Asenjo, que la inmatriculó por treinta euros el 2 de marzo del 2006, gracias al cambio de la ley hipotecaria de Aznar  que permitió inscribir bienes destinados al culto. Mientras el obispo inmatriculaba, inducido por este cambio legal inconstitucional,  Vd. ocupaba el ministerio de Cultura, Rosario Torres la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y Rosa Aguilar la alcaldía de Córdoba. ¿No tuvieron conocimiento como máximas responsables de la cultura y de la ciudad de dicha inmatriculación? ¿Se podrían haber adelantado evitándolo? Tuvo que ser la ciudadanía en 2009 la que sacara a la luz esta noticia que llenó páginas de artículos y comentarios. Tampoco actuaría ni la Junta de Andalucía, responsable del patrimonio andaluz, ni el Ayuntamiento cuando en el 2010 el obispo Demetrio Fernández arrebató el nombre al monumento, recuperado en el 2016 gracias a las presiones de la plataforma ciudadana “Mezquita-Catedral, patrimonio de tod@s”.  

Señora Vicepresidenta es hora de rectificar. El poder democrático está en su mano. Actúe como responsable pública al servicio del Estado y no de una institución privada como es la iglesia. El camino no está en ir de la mano del PP y Vox para impedir revertir las inmatriculaciones, como ocurrió en el Senado el pasado 10 de marzo, sino devolver la Mezquita al lugar que le corresponde: el domino público. El domino público es intransferible, perteneció a nuestras generaciones pasadas, pertenece a nuestras generaciones presentes y pertenecerá a nuestras generaciones futuras. Es su momento, es el momento.

                                Córdoba, 15 de marzo de 2021

                                    Miguel Santiago Losada

Profesor, escritor y portavoz de la plataforma Mezquita-Catedral, patrimonio de tod@s

JAÉN Y CÓRDOBA, DOS HERMANAS ANDALUZAS

 

                

            Jaén y Córdoba están unidas por la historia, la cultura y el sentir de sus gentes. Al igual que el resto de las provincias andaluzas, compartimos el aceite de oliva para aderezar nuestra incomparable y universal dieta mediterránea, brindamos con los mejores caldos, nos alimentamos con las hortalizas y frutales de nuestras comarcas, degustamos el pescado nutritivo y saludable de nuestras costas, nos bañamos en las playas que circundan nuestro litoral y recibimos la misma energía necesaria para la vida desde un inmenso cielo azul y luminoso.

            Jaén y Córdoba han compartido una historia rica en mestizaje. Tierra de pueblos íberos, reguero de poblaciones de la Bética romana, donde afloraron ciudades esplendorosas como Ategua, Aurgi, Cástulo, Corduba, Iliturgi, Munda, Obulgo; florecientes coras andalusíes, donde eclosionaron las artes y las ciencias, las hermosas mezquitas y los exuberantes alcázares y hamman, como el Baño del Niño de Jaén o el insigne Hasday ibn Shaprut. Medievales reinos de Córdoba y Jaén que, junto a los de Sevilla y Granada,  conformaron los cuatro feudos andaluces tras la conquista castellana. Con el paso de los siglos la rica y productiva tierra andaluza, y en concreto nuestras provincias, ha sido empobrecida por un caciquismo ancestral, una burguesía inmovilista y poco emprendedora y un gobierno central favorecedor de otros zonas del Estado.

Es mucho lo que nos une, historia, cultura, tradiciones, creencias, hablas andaluzas, clima, gastronomía,  para no permitir que nos enfrenten por decisiones políticas venidas de fuera de Andalucía. Después de cuarenta años, el gobierno autónomo debe aplicar políticas equitativas entre las diferentes provincias y comarcas para evitar desajustes territoriales, exigiendo al gobierno central mayores inversiones para sacar a Andalucía de su postración económica. Para ello, los partidos políticos deben dejar de ser meras sucursales de Madrid. Solo una ciudadanía unida, a través de todos los medios a su alcance (colectivos, plataformas, asociaciones, redes sociales, medios de comunicación), alzará su voz con un ¡basta ya! a tanto olvido, a tanta desigualdad. Queremos estar en las agendas políticas que generen formación y empleo, oportunidades para nuestra juventud, y un desarrollo industrial que evite la despoblación y el empobrecimiento social. Por poner algún ejemplo, reivindiquemos el AVE que una Jaén con Córdoba, o la autovía entre las dos ciudades, o sinergias en el mundo del conocimiento entre sus universidades y centros hospitalarios.

                Personalmente le tengo un gran cariño a Jaén y a su provincia. Desde joven he disfrutado de su maravillosa Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, he gozado de sus ciudades patrimonio de la humanidad, Úbeda y Baeza, conocí a personas como Pilar Palazón o Manuel Anguita, comprometidas con  su provincia y con los derechos humanos, comparto amistad con personas de esa bendita tierra de mares de olivos, valoro su madrugá viendo al “Abuelo” procesionar acompasado con la marcha de Emilio Cebrián. Desde esa amistad y fraternidad alcanzaremos el objetivo marcado por nuestro himno de Andalucía: “andaluces levantaos, pedir tierra y libertad”.  

                                                           Córdoba, 15 de marzo de 2021

                                                              Miguel Santiago Losada

                                   Profesor, escritor y miembro de la plataforma Andalucía Viva

viernes, 19 de marzo de 2021

CRISTIANOS CONTRA LAS INMATRICULACIONES

 Las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía católica a lo largo de decenas de años tienen como denominador común un Estado que no termina de ser aconfesional, haciendo posible su resultado, y una jerarquía católica anclada en el dogma, el poder, el dinero y el prestigio, todo lo contrario a los valores de Jesús de Nazaret: amor, justicia y paz. Como afirma el teólogo José M. Castillo: “los obispos creen más en la riqueza que en el Evangelio de Jesucristo”.

Las diferentes plataformas ciudadanas patrimonialistas, defensoras de nuestro patrimonio, unidas a colectivos como Europa Laica, Redes Cristianas o Comunidades Cristinas Populares (CCP) vienen luchando desde hace años por conseguir que se hiciera público el listado de inmatriculaciones, uno de los males endémicos del Estado español, y porque el Gobierno invalidase las inmatriculaciones de aquellos monumentos que no tuviesen título de propiedad. Ahora se desdicen de lo que prometieron en el discurso de investidura de Pedro Sánchez y en sus programas electorales (PSOE y Unidas Podemos). Casi tres años después de haberlo asegurado, el gobierno de coalición hace público el listado de 35.000 bienes, acompañado de un informe en el que cuestiona la constitucionalidad de las inmatriculaciones, pero prefiere lavarse las manos delegando en los ayuntamientos y particulares la reclamación indebida de los bienes. El Estado español es el que tendría que proteger nuestro legado patrimonial como así hizo Francia, desde 1905 (el patrimonio pertenece al Estado y el usufructo a la Iglesia), o en Portugal con el concordato de 1940, en plena dictadura de Salazar.

Con el consentimiento de los Gobiernos del PP y PSOE la jerarquía católica ha ido enriqueciendo su legado con su particular modus operandi: el Estado realiza la inversión pública, acorde con la Ley de patrimonio de 1985, mientras ellos cobraban las entradas a modo de donativos, es decir, exentos de impuestos. Millones y millones de euros se embolsa la jerarquía católica, obispados y cabildos, cada año por visitar los monumentos (catedrales, Mezquita de Córdoba, Giralda de Sevilla). ¿Dónde va destinado ese dinero? Una parte considerable a su propia estructura, en construir colegios privados, en fondos de inversión, en mantener a sus medios de comunicación como la COPE o 13TV… Cáritas u otras obras sociales apenas se ven favorecidas por estas recaudaciones.

Las CCP se preguntan ¿qué tiene que ver todo ese negocio con el Evangelio?, ¿Qué tiene que ver Jesús de Nazaret con esta lujuria de poseer y acumular bienes? El evangelio nos recuerda que “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos.” ((Mt 19, 24 par). Se siguen preguntando ¿qué tiene de parecido un seguidor de la comunidad del Nazareno con un cardenal o un obispo? Los primeros, a petición de su maestro, “tenían que dejarlo todo” (Mc 10, 28; Mt 19, 27; Lc 18, 28), los segundos viven en sus monumentales palacios episcopales. Y siguen cuestionando ¿qué llevaban los primeros seguidores de Jesús de Nazaret y cómo van los obispos y cardenales? Los llamados discípulos no llevaban nada para cumplir su misión ((Mt 10, 9-10; Mc 6, 8), los jerarcas visten con ricas mitras y báculos, con vistosos anillos de oro y perlas preciosas, con capas pluviales bordadas con hilos de oro. 

Bajando al terreno de lo legalidad nada se le está quitando a la Iglesia católica que mantiene intacto su derecho a registrar lo que crea que le pertenezca, pero acreditándolo sin privilegio alguno. Estos privilegios (inconstitucionales) permitieron que los obispos pusieran a su nombre la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Catedral de Burgos, mientras en otros países de Europa  la Catedral de Lisboa o la Catedral de Nôtre Dame pertenecen al pueblo. 

Por todo ello las CCP de Andalucía y del Estado español, junto a otros colectivos, exigen al Gobierno que el domino público sea intransferible. Perteneció a nuestras generaciones pasadas, pertenece a nuestras generaciones presentes y pertenecerá a nuestras generaciones futuras. El patrimonio religioso debe estar inscrito en el patrimonio nacional. Ha sido el fruto del trabajo y las aportaciones del pueblo a lo largo de la historia. Al mismo tiempo, también demandan que la nulidad de las inmatriculaciones efectuadas sin un título de propiedad sean innegociables. No es de recibo que al inscribir un monumento por 30 euros lo administren  y se lucren de sus ingresos por la venta de entradas, pudiendo llegar a alcanzar los 20 millones de euros, como es el caso de la Mezquita de Córdoba.

Nuestra fuerza es la tenacidad, la unidad y el convencimiento para conseguir los objetivos justos que estamos reivindicando. Todo sea por un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, moderno y laico.

 

                                                                              23 de febrero de 2021

                                                         Miguel Santiago Losada,

                         En nombre de las  Comunidades Cristinas Populares de Andalucía

domingo, 7 de marzo de 2021

HITOS ANDALUCISTAS EN CÓRDOBA

   

         Recordar y conmemorar son acciones muy importantes para el desarrollo y madurez de un pueblo. Andalucía es una de las autonomías pertenecientes al grupo de las nacionalidades como Cataluña, País Vasco y Galicia. El pueblo andaluz puesto en pie el 4 de diciembre de 1977 consiguió este reconocimiento, causando el acceso al proceso autonómico por el artículo 151 de la Constitución.  Esto no fue un regalo del Gobierno sino la lucha del pueblo. Merece la ocasión recordar algunos de los hitos históricos del andalucismo en nuestra ciudad.

El Pacto Federal andaluz se constituyó en Córdoba, el 10 de junio de 1869, en el salón de la Fonda Suiza, ubicada en la actual plaza de las Tendillas. Tuvo como origen la Revolución de 1868, llamada la Gloriosa,  cuyo caldo de cultivo se debió a un pueblo gravemente lesionado por el poder ejecutivo favorecedor de la oligarquía y la corrupción. Las sesiones del Pacto Federal andaluz culminaron el 12 de junio de 1869 con la firma de dicho Pacto Federal y con su presentación pública en la Plaza de la Corredera de Córdoba, engalanada para la ocasión con un gran arco de entrada con la enseña: Libertad, Igualdad y Fraternidad. Este movimiento republicano-federal irrumpiría con la insurrección cantonal andaluza en 1873 que, según el profesor Acosta Sánchez, fue “el experimento anticentralista más radical puesto en práctica en el Sur”. El golpe de Estado del general Pavía terminaría con el sexenio democrático (1868-1874).

En 1900 Andalucía padecía de un latifundismo, crónico y endémico, que mantenía empobrecido a un pueblo mayoritariamente analfabeto. Además, la desindustrialización se acentuaba cada vez más en este tiempo, distanciándose de las regiones más favorecidas por los Gobiernos de Madrid: la cantábrica y la catalana. Ello dio lugar a la agitación social en Andalucía, llamado “trienio bolchevique” (1918-1920). El 17 de febrero de 1919 se escuchó por primera vez el grito de “¡Viva Andalucía Libre!” en una gran manifestación de jornaleros y obreros (unas 12.000 personas), que fue recogida por el historiador Juan Díaz del Moral. Partió de la calle San Fernando para dirigirse hasta el Gobierno Civil. El profesor Antonio Barragán, nos cuenta como: “aquella manifestación, a la que se le llamó crisis de la subsistencia, tuvo dos motivaciones: intentar hacer ver que las condiciones de vida de los cordobeses eran precarias, la gente no tenía qué echarse a comer, los alquileres eran altos y los salarios estaban estancados, y rechazar el caciquismo”.

La Asamblea Regionalista de Córdoba se celebró entre los días 23 al 25 de marzo 1919 en la sede  del Centro Obrero Republicano de Córdoba, ubicado en el Paseo Gran Capitán, 13 (hoy se corresponde con el inmueble nº 9, lindando con el antiguo Banco de España), como ha investigado el historiador Francisco Acosta Ramírez. Se localizaba entre lo que fue el gran Cine, también denominado cine Ramírez, y el hotel Oriente. Va a suponer la adopción definitiva de posturas obreristas y el paso determinante del regionalismo al nacionalismo: “Andaluces: Andalucía es una nacionalidad porque una común necesidad invita a todos sus hijos a luchar juntos por su común redención”. El actual Estatuto de Autonomía de Andalucía se remite a este manifiesto para justificar la expresión realidad nacional que aparece en el preámbulo del mismo.

La IIª República abría el camino a las autonomías. La Asamblea de Córdoba del 29 al 31 de enero de 1933, tuvo como fin primordial elaborar y aprobar, en su caso, el esperado proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía. A las 12 de la mañana del 29 de enero de 1933, en la sede del Círculo de la Amistad de Córdoba, se iniciaba la Asamblea, siendo la intervención de Rafael Castejón una de las más brillantes. Su discurso concluiría con las siguientes palabras: “Queremos la libertad dentro de las normas del derecho para administrarnos nuestra casa”. Cerró Blas Infante, quien tras perfilar un recorrido por el pasado histórico andaluz, insistió en aunar voluntades en pro de una afirmación autonomista: “Andalucía aspira a constituirse en región autónoma para poder resolver con toda amplitud posible sus problemas y en primer lugar el de la tierra, solucionar el paro, modificar la ley agraria, establecer centros culturales y poder arbitrar recursos para llevar a cabo estos fines”. Moriría fusilado tras el golpe de Estado de 1936.

Con la llegada de la democracia, el clamor popular por una Andalucía ¡Viva y Libre! vuelve a las calles. El 4 de diciembre de 1977 todo estaba listo para la manifestación en Córdoba: 40.000 carteles, un millón de octavillas, 500 metros de bandera, banderitas y otros materiales para repartir. El Ayuntamiento se encargó de engalanar toda la ciudad con los colores de la bandera andaluza y tanto el Consistorio como la Diputación y el Obispado de la ciudad expresan su adhesión a la jornada. La manifestación congregó alrededor de 100.000 personas y partió de la glorieta de la Media Luna, transcurrió por las vías céntricas de la ciudad, hasta llegar a la Plaza de las Tendillas. Fue la causa de la celebración del referéndum del 28 de febrero de 1980 para que el pueblo andaluz dijera sí mayoritariamente a la autonomía plena para nuestra tierra.

Qué sirva este recuerdo de siglo y medio de historia de nuestra patria andaluza para no perder nunca nuestra memoria como pueblo. Solo así no olvidaremos nuestras señas de identidad.

                                                                                                                                                                                                                    Córdoba, 21 de febrero de 2021

                                                                            Miguel Santiago Losada

                                                                                 Profesor y escritor

 

lunes, 22 de febrero de 2021

DESINMATRICULACIÓN DE LA MEZQUITA ¡YA!


La grandiosa y bellísima Mezquita de Córdoba es el resultado de cuatro etapas constructivas bajo la dinastía Omeya a lo largo de dos centurias. Durante la época andalusí esta Mezquita-Aljama o de los Viernes fue el centro  de la vida religiosa y social de la capital de al-Ándalus durante quinientos años. A partir de 1236, cuando Córdoba fue conquistada por el rey Fernando III,  la Mezquita de Córdoba, convertida en la joya de la corona de Castilla, sobrevivió, no corriendo la misma suerte el resto de las mezquitas-aljamas de al-Ándalus. Hasta finales del siglo XV la Mezquita de Córdoba, a excepción de la Capilla Real, no había sufrido ningún tipo de nuevas construcciones que hubiesen afectado a su grandiosa fábrica. Según las crónicas, hasta la misma reina Isabel la Católica se negó a derribar parte de la Mezquita para construir la Catedral, siguiendo el espíritu conservacionista que habían mantenido los Trastámara a lo largo de su dinastía. Sería Carlos V quién autorizase la nueva catedral, destruyendo alrededor de 3.000 metros cuadrados en el corazón de la Mezquita, lo que provocó las iras del pueblo de Córdoba y de su Cabildo municipal, encabezado por el corregidor Luis de la Cerda.

 

La Mezquita de Córdoba fue declarada monumento nacional por el Estado en 1882, al mismo tiempo que nombró arquitectos para su restauración  y mantenimiento al encontrarse en un lamentable estado de conservación. Mientras el Estado invertía en ella, los obispos de la época se encontraban al margen de todas las decisiones, sin embargo a partir de 1906 comenzarían a cobrar dos pesetas para las visitas al monumento. Esta decisión fue denunciada por el Ayuntamiento de la época para que  el ministro de Instrucción Pública obligase al Cabildo de la Catedral a retirar la tarifa. Desde 1984 pertenece a la nómina de monumentos Patrimonio de la Humanidad, elevándola  la UNESCO a la categoría de Bien de Valor Universal Excepcional en 2014.

Desde hace más de veinte años los tres últimos obispos de Córdoba, Javier Martínez, Juan José Asenjo y Demetrio Fernández, entregados al rigorismo involucionista y reaccionario,  tomaron la decisión de promulgar la hipótesis de que en el lugar donde se levanta la Mezquita se ubicó la basílica de San Vicente, teoría nunca confirmada desde que Félix Hernández realizase  una serie de excavaciones, interrumpidas en 1936 por el golpe de Estado. En ellos subyace la intención de defender el origen cristiano del monumento y de reducir la etapa musulmana a un mero episodio anecdótico de la historia de este emblemático edificio. Los siguientes pasos serían la inmatriculación del monumento en el 2006 y usurpar su nombre (Mezquita) en 2010.

La plataforma ciudadana Mezquita-Catedral nacería con la intención de recuperar el nombre del monumento (Mezquita-Catedral), el reconocimiento jurídico de su titularidad pública, y una gestión compartida (Instituciones públicas y Cabildo Catedral), transparente y bajo la tutela de un Código de Buenas Prácticas (Plan Director). Las denuncias efectuadas por la plataforma ciudadana dieron la vuelta al mundo provocando 400.000 adhesiones a dichas reivindicaciones, entre ellas firmas tan prestigiosas como las de Antonio Gala, Josefina Molina, Eduardo Galeano, Elvira Lindo, Federico Mayor Zaragoza, Maruja Torres, Norman Fuster, Ian Gibson, Almudena Grandes, Emilio Lledó, Antonio Muñoz Molina y un sinfín de voces escandalizadas por ese monumental escarnio contra la Mezquita. Además más de cien especialistas de treinta y seis universidades todo el mundo acusaron al Obispado de “depreciar el significado del monumento” y “secuestrar su memoria”.

 

La Mezquita de Córdoba es la punta del iceberg del inmenso listado de inmatriculaciones (inconstitucionales) que acaba de hacer público el Gobierno. Ahora hay que dar el segundo y definitivo paso: desinmatricular a todos aquellos bienes que no tienen título de propiedad, como es el caso de la Mezquita de Córdoba. Hay que terminar con la primera llaga de la Iglesia que ya indicase Rosmini en 1833 (Las cinco llagas de La Iglesia): “la opción por los pobres no es el motivo central de la Iglesia católica”. Las inmatriculaciones realizadas por la Jerarquía católica debido al cambio de la Ley Hipotecaria realizada en 1998 por el Gobierno de Aznar así lo demuestran.

                                         

  Córdoba, 17 de febrero de 2021

                                                          Miguel Santiago Losada

                        Portavoz de la plataforma “Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos/as”

miércoles, 17 de febrero de 2021

OBISPOS CON GUADAÑA

 

La simbología de la cruz solo debería utilizarse para unir y crear fraternidad en nombre de Cristo. Sin embargo, muchas veces a lo largo de la historia se ha invocado a ella para dividir, excluir, matar, bendecir armas, abrazar a dictadores, provocar sufrimientos físicos y psíquicos, enriquecerse en nombre de lo más sagrado, etc. En definitiva, lo que debería ser un símbolo de libertad se ha manipulado y convertido en un símbolo diabólico.

Hace unos días el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba) retiró una cruz, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, ya que se erigió como homenaje a los “caídos” franquistas en la Guerra Civil. Ante esta decisión, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, declaró en tono amenazante: ¡Ojo con tocar los sentimientos religiosos (refiriéndose a la cruz)!, ¡que nadie los toque, o si los toca, que se atenga a las consecuencias! Los cristianos no somos violentos pero tomamos nota”. Este obispo sigue la pauta de los preconciliares obispos de la posguerra. Recuerda en su proceder al obispo cordobés fray Albino González Menéndez-Reigada, firmante de la “Carta colectiva de los obispos españoles a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra en España”, en la que alababa hasta extremos delirantes la figura del general Franco, considerándolo “enviado de Dios”. De él, el teólogo Miret Magdalena llegaría a decir que sus enseñanzas desprendían dureza, crueldad y censura”. Las opiniones del actual obispo manifiestan las mismas actitudes: habla de “aquelarre químico de laboratorio” para referirse a la fecundación in vitro, muestra mano de hierro contra la llamada “ideología de género” y, en cambio, mano muy blanda para los delitos cometidos por pederastia; se siente muy incómodo con las mujeres que defienden la igualdad y los mismos derechos para todas las personas, y muy a gusto cuando se rodea de mujeres vírgenes consagradas a su obediencia. Demetrio Fernández es un obispo que no solo critica duramente cualquier ley que signifique un avance social, si no que incumple leyes como la de la Memoria Histórica, que habla de la eutanasia como “la matanza de los débiles”, que no permite confirmarse a una persona por ser transexual. Con esta mentalidad e ideología demuestra tener una misma sintonía con la doctrina de fray Albino, setenta y cinco años después. Fray Albino afirmaba que la democracia, según nos cuenta el profesor Guerra Palmero, rebaja “a los que son más y valen más, para ponerlos al nivel de los que valen menos (…) Ni la honradez ni la inteligencia son propiamente características de la masa, siempre retardataria e incomprensiva y fácil de sugestionar”.

El actual obispo de Córdoba también se siente afín a los partidos de extrema derecha, alegrándose públicamente de sus buenos resultados electorales. Vox y Falange Española siempre salen en su defensa. ¿Cómo actuaría en un régimen dictatorial si en plena democracia se manifiesta misógino, homófobo, amante del boato y los grandes actos solemnes, reaccionario al Concilio Vaticano II?

Demetrio Fernández, contento con no quitar la lápida en la Mezquita-Catedral de los “sacerdotes que dieron su vida en la persecución religiosa 1936-1939”, ha conseguido del Vaticano el reconocimiento del “martirio” por “odio de la fe” de 127 personas entre laicos y religiosos de la provincia de Córdoba que fueron asesinados durante la Guerra Civil española (1936-1939) por lo que serán beatificados. El discurso sobre los mártires, muy utilizado por el mencionado obispo, arropa su argumentario en relación a la supuesta intolerancia de las otras religiones o ideologías. Este uso propagandístico de los mártires se da de bruces con la realidad, ya que a lo largo de los siglos ha quedado demostrado que la Iglesia católica ha sido mucho más perseguidora que perseguida.

 

Indiscutiblemente y lamentablemente las 127 personas murieron víctimas del odio y de la injusticia. Ninguna persona merece morir por sus creencias religiosas o ideologías políticas, al igual que no merecieron morir en Córdoba capital por la misma causa los 4.000 fusilados durante la guerra y los 584 en la posguerra, según el historiador Francisco Moreno Gómez, estudioso de la guerra civil en Córdoba. Este profesor narra en su obra cómo la mortalidad entre las personas presas fue extrema en las dos cárceles de Córdoba. Solo en el año 1941 fallecieron allí 502 personas de las 3.500 o 4.000 que había internadas, debido a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y deficiente.

Hay que hacer memoria, como aclara el profesor Arcángel Bedmar,  de que la represión franquista y la republicana durante la guerra civil no fueron iguales. Mientras en la zona franquista la violencia fue programada con antelación y alentada desde los mismos centros del poder como una política de Estado, en la zona republicana la represión no surgió de manera planificada, sino que fue consecuencia en gran medida del hundimiento del Estado y fue protagonizada por grupos de exaltados en medio del clima de descontrol del orden público que se vivió en los primeros meses de la contienda.

Resulta cuanto menos injusto seguir bendiciendo una parte de la historia, dándole las espaldas al sufrimiento, muerte y castigo de los que se mantuvieron fieles a la República, al orden constitucional establecido. La cruz no solo puede bendecir  a los curas, religiosos y seglares que murieron injustamente por tener un credo y una ideología, mientras ignora a las miles de personas que fueron asesinadas por un régimen criminal que llenó las cunetas de España de muertos. ¿Acaso puede existir una cruz que apueste por la memoria de los vencedores y olvide a los vencidos? ¿De qué cruz estamos hablando? Esa no es la cruz de Jesús de Nazaret que murió por defender la justicia, la igualdad, por defender a la gente sencilla de la tiranía, de los sacerdotes que se enriquecían con el templo, de las leyes que castigaban y agobiaban a los más débiles… ¿Pueden considerarse seguidores de Jesús de Nazaret personas, jerarcas en este caso, que alaban a dictadores, bendiciendo sus acciones, o que actualmente dividen, excluyen y amenazan al diferente?

Desgraciadamente el sistema educativo, judicial, político, militar y religioso siguen blanqueando a menudo el franquismo. Actos de este tipo siguen abriendo heridas, discriminando y dividiendo a las personas en buenos, merecedoras de la gloria, y malos,  castigadas con las llamas del infierno. ¡Qué lejos de la verdad! Seguro que desde el balcón del cielo las personas que murieron religiosas o no, con ideologías diferentes, se sienten unidas en la fraternidad universal, mandándonos al unísono la energía que nos haga luchar por un mundo libre de guerras, injusticias sociales, desigualdades de género, discriminaciones por diferente orientación sexual. Predicar lo contrario no es ser cristiano, ni musulmán, ni judío, ni budista, ni humanista, ni agnóstico… Predicar lo contrario es tomar la palabra de Dios en vano, es negarle a la vida el sentido de la existencia.

            Como cristiano me siento en sintonía con el obispo Juan José Aguirre, titular de la diócesis de Bangassou, promotor de numerosas obras de atención y promoción social en la diócesis. Aun arriesgando su vida, ha denunciado en numerosas ocasiones a través de la prensa internacional las duras condiciones a las que se enfrenta la población civil ante los numerosos ataques de la  organización terrorista y extremista cristiana “Ejército de Resistencia del Señor”, y la continua violencia a la que están sometidos los habitantes de este país por intervenciones del ejército o golpes de estado. Cristianos como él nos hacen mantener la fe en el ser humano, en otro mundo posible, alejado de rancias y machistas instituciones cuyo único dios es el poder y el dinero.

                                                                       Córdoba, 24 de enero de 2021               

                                                                            Miguel Santiago Losada

                                                           Profesor y miembro de Asamblea de Andalucía