jueves, 26 de octubre de 2017

VERDAD Y DIÁLOGO

Señor Felipe VI, señor Mariano Rajoy, señor Pedro Sánchez, señor Puigdemont, desde mi sencilla condición de ciudadano del Estado español, andaluz y profesor no estoy de acuerdo con las decisiones que están  tomando como máximos responsables políticos, a raíz de la difícil situación que está viviendo el pueblo de Cataluña, y por ende, todo el pueblo de España.

Nunca podría imaginar que en pleno siglo XXI, y después de 40 años de democracia, el Gobierno de España, respaldado por el principal Partido de la oposición y con la venia de la Casa Real, llegase a poder aplicar unas medidas que suspendiesen las Instituciones catalanas, una de las nacionalidades más importantes del Estado por su población, economía y cultura. Por otra parte, me pregunto qué intereses hay detrás de la suicida deriva independentista  liderada por las oligarquías catalanas, en una Europa de los pueblos donde sobran fronteras, con una sociedad catalana profundamente dividida y mayoritariamente dolida ante el tratamiento recibido por el Gobierno de España.

Ante esta situación  la Casa Real no está cumpliendo con el papel de neutralidad que le otorga la Constitución. Las últimas intervenciones de Felipe VI así lo revelan. Por otra parte,  no hay de qué extrañarse, en nuestra historia el federalismo siempre ha ido de la mano del republicanismo, lo que hace inviable el mantenimiento de un Rey como Jefe de Estado, ya que el concepto de Reinado va unido indivisiblemente al concepto de Nación, y justo ahí es donde radica el principal problema: Rey-Nación-Confesión dominante, incompatible con un Estado plurinacional. El mantenimiento de la monarquía es un lastre para la madurez de nuestra democracia, que debe de ir dando pasos hacia un Estado Social, Federal y Democrático de Derecho, donde su primer representante sea elegido por sufragio universal.

Ante esta situación el señor Rajoy, con su imposición ideológica heredada de la España única y gran nación, hace inviable el diálogo y los avances para un Estado más democrático. Un buen estadista posee una mirada excepcionalmente lúcida a largo plazo, es muy consciente de la época en la que vive y no está atrapado por los intereses partidistas, intereses que iniciaron este gravísimo problema cuando el PP recurrió al Constitucional el Estatuto catalán en 2007. Está utilizando esta situación para echar cortinas de humo a la dura realidad de empobrecimiento social que vivimos y para tapar a uno de los partidos con mayor corrupción de los que gobiernan en Europa. Y, lo que es aún más triste, está haciendo cálculos electorales, quiere obtener rédito que palie la factura de la corrupción.

Ante esta situación el señor Sánchez del que esperábamos que, después del fallido “golpe de estado” que le dio el sector más rancio de su partido, diese la talla, vuelve al redil, y su grito de “no es no” se torna en un sí sin condiciones. De nuevo, la vieja guardia de su partido, y del poder establecido que con nitidez denunciaba,  le ha podido a los frescos votos de sus militantes.

Ante esta situación el señor Puigdemont debería de dar un paso atrás, reconocer la estrategia suicida y frustrante a la que ha llevado a la población catalana, estrategia coincidente con la de la oligarquía española, pero con menos poder, ya que han querido tapar la corrupción de su partido y sacar réditos del independentismo, fagocitando a ciertos sectores de la izquierda catalana que enterraron la bandera de la justicia social en una estelada.

Y por último, ante esta situación una gran mayoría de la población española y catalana se levanta sin trabajo, sin vivienda, se indigna ante tanta corrupción, no entiende que las cárceles estén llenas de pobres y desgraciados mientras que los grandes delincuentes disfrutan en retiros de lujo. Mientras se habla de aplicar el 155 no se habla por ejemplo del 47 (derecho a una vivienda digna), ni del 35 (derecho al trabajo y a una remuneración suficiente).

Dialoguen, no nos desvíen la mirada, y escuchen a su pueblo.


                                                                                  Córdoba, 23 de octubre de 2017
                                                                                      Miguel Santiago Losada
                                                                                                     Profesor


jueves, 5 de octubre de 2017

Una nueva hoja de ruta

El Estado español padece una serie de graves problemas que obligan a la búsqueda urgente de soluciones sociales y políticas. El empobrecimiento de la población, la corrupción, la territorialidad, los privilegios de la Iglesia católica y la Jefatura del Estado empujan a una gran reforma de la Constitución de 1978.
El principal problema de este país es el que sufren millones de personas debido al empobrecimiento social que conduce, en muchos casos, a la exclusión. Esta grave realidad choca frontalmente con la primera cualidad que define a nuestro Estado: un Estado Social. Un Estado Social está obligado a que los derechos humanos sean el eje transversal y vertebrador del mismo, cuyo primer objetivo debería consistir en conseguir una distribución de la renta, entre todos los habitantes del Estado, lo más equitativa posible y deseable. Cuando el Estado no cumple con su primera cualidad, la social, es un Estado fraudulento para su ciudadanía, un Estado carente de salud democrática al no lograr una distribución de la renta justa, según marca el art. 40 de la Constitución. Esta situación condena a una de cada cinco personas a la pobreza o a la exclusión social, hace que seamos uno de los países europeos con mayor pobreza infantil, miles de ciudadanos se han visto desahuciados, no ha permitido la integración de miles de inmigrantes o refugiados, mantiene pensiones miserables (sobre todo las que perciben las mujeres), ha provocado que la pobreza energética complique aún más la vida a millones de personas. Estos datos son la consecuencia de un Estado, encabezado por el Gobierno, que en lugar de trabajar por mejorar la calidad de vida de su ciudadanía, ha invertido 60.000 millones de euros en la banca privada, ha sido cómplice de la corrupción despilfarrando millones de euros, y al mismo tiempo, ha realizado, sin ningún tipo de pudor, enormes recortes sociales. Todo ello nos conduce a una sociedad dual entre los que viven y malviven. Me temo que el Gobierno de España está haciendo todo lo posible por echar cortinas de humo para a fin de propiciar que el principal problema de este país quede difuminado con otros acontecimientos que le puedan generar más réditos en las urnas, como por ejemplo, la territorialidad.
La territorialidad es sin duda otro problema importante del Estado. El artículo 1º de la Constitución Española de 1978 dice: España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho. No dice Nación, dice Estado. Un Estado Democrático es un sujeto jurídico-político basado en la soberanía del pueblo que lo constituye y no a la inversa. Una Nación se puede definir como: «una comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio nacional, que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una memoria histórica, uno o más elementos de una cultura compartida y un cierto grado de solidaridad» (Anthony D. Smith, sociólogo de la London School of Economics). En vez de articular vínculos afectivos que logren una acomodación de las diferentes realidades del Estado se ha inducido a todo lo contrario: al desafecto, al agravio y a la radicalización. ¿Cuándo vamos a comprender que este Estado es diverso y plurinacional? Nuestro Estado tiene al menos cuatro nacionalidades históricas reconocidas en sus propios estatutos autonómicos: Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Urge, junto al desarrollo del Estado Social, la implantación del Estado Federal.
Por último, la Corona y la Religión mayoritaria tienen que dar un paso atrás. La Corona, una realidad trasnochada en la Europa del siglo XXI, abriendo la puerta a que el Jefe del Estado sea elegido por sufragio universal. La Religión, perdiendo todos sus privilegios en la nueva Constitución, lo que no significa la falta de reconocimiento a sus prácticas y tradiciones. El Art. 16.3 de la actual Constitución lo deja claro: Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
De esta manera será posible despejar el camino hacia la convivencia entre toda la ciudadanía, profesemos o no una religión, sigamos diferentes ideologías, seamos catalanes o andaluces, hombres o mujeres, desarrollemos nuestra sexualidad atendiendo a nuestra orientación sexual, no sintiéndonos superiores a otras etnias o culturas. Y, sobre todo, con una economía doméstica que nos haga vivir a todos/as con dignidad. Los ciudadanos/as del Estado español hemos sabido salir de situaciones más complicados que las actuales. ¿Por qué no vamos a ser capaces de jubilar a la Constitución agotada de 1978 e ilusionarnos con una nueva que nos haga más Estado Social y Democrático de Derecho?
* Profesor


martes, 3 de octubre de 2017

SEÑOR JUEZ, USTED TIENE LA DECISIÓN

Un adolescente comenzó su peregrinar por el desierto hace una década. Las violaciones constantes a los derechos humanos, que viven las personas de su país africano, le empujaron a tomar la decisión más importante de su vida: abandonar su familia, sus amigos, su tierra… Lo que más se quiere en este mundo.

Después de muchas vicisitudes, algunas pusieron su vida en riesgo, consiguió entrar en Andalucía sin documentación. Ruló por diferentes lugares de España hasta que recaló en Córdoba, ingresando en un centro de protección de menores. Una prueba ósea, con escasa fiabilidad biológica, determinó que era mayor de edad, lo que le obligó a abandonar apresuradamente el centro antes de que la policía lo detuviese y expulsara.

Después de unos meses en un albergue de transeúntes, fue acogido en la casa de una Asociación que lucha por los derechos de los inmigrantes. El chico después de un tiempo y con la ayuda solidaria de los miembros de la Asociación logró sus papeles, permisos de residencia y trabajo. Antes llegó a desempeñar la tarea de responsable de la casa por sus habilidades personales y sociales y consiguió el título de la ESO y de un ciclo formativo de grado medio. Se hizo respetar por parte de los compañeros de la casa y ganarse el cariño por las personas de la Asociación, a la que considera su familia andaluza.

Llegó a independizarse, consiguió trabajo, alquiló su propia vivienda y llegó a enamorarse de una chica cordobesa. El verano pasado logró su máximo sueño, volver a su país para visitar a su familia y amigos. De vuelta nos contó el momento tan esperado de encontrarse con su madre, traducido en un abrazo fundido de amor y lágrimas de tanta emoción.

Regresó feliz y volvió a comenzar a trabajar. Cuando todo le iba bien, después de tanta esfuerzo, se topó con algo inesperado al renovar su documentación. La Subdelegación del Gobierno le denegó la renovación por no haber trabajado el tiempo suficiente, lo que suponía la orden de expulsión. Él no era consciente de que la última empresa lo contrató por dos horas a la semana cuando estuvo trabajando más de ocho horas al día durante meses.

La situación está en manos de un juez. Me pregunto: ¿quién ganará en un Estado social y democrático de derecho? ¿El chaval que ha luchado por dignificar su vida o una Administración miope que en vez de dictaminar una orden de expulsión no sanciona a la empresa que lo ha explotado laboralmente? Señor juez, usted tiene la decisión, la última palabra.

                                                                  Córdoba, 5 de julio de 2017
                                                                       Miguel Santiago Losada

                                                                                  Profesor