martes, 23 de julio de 2019

PLAZA DE LOS DERECHOS HUMANOS


Paseaba por la Ribera cuando, al paso de un autobús de la línea 7, oí comunicar a sus pasajeros que se dirigían a la plaza de los Derechos Humanos. Me llenó de satisfacción que la plaza central de uno de los barrios obreros de Córdoba por excelencia tuviese tal denominación. El barrio ha recibido su propio Óscar o su propio Goya, hablando en argot cinematográfico, pero esta vez, en lugar de estatuillas, han sido placas con el nombre de Derechos Humanos las que lucen airosas por los cuatro costados de la plaza.

            Buen nombre para un barrio cuyos vecinos sufrieron durante la posguerra la ausencia de los Derechos Humanos, o lo que es lo mismo, vivienda digna, empleo, educación, formación, promoción de la mujer, salud. La situación de la mayoría de la población española después de la guerra era prácticamente de miseria. El régimen franquista se vio obligado a desarrollar su beneficencia a través de una serie de actuaciones al objeto de dotar de techo a miles de personas tras provocar uno de los mayores desastres en la historia de nuestro país con el sangriento golpe de Estado. Este tipo de barrios fueron construidos con la bendición de la Jerarquía católica y la ayuda de los que participaron en el Golpe de Estado y en la posterior represión, que siguió matando a miles de personas. Eran barrios que tenían serias carencias de electricidad, con las calles sin iluminar ni asfaltar y sin alcantarillado. Muchas abuelas y abuelos de los actuales vecinos vivieron en primera persona todas estas deficiencias y carencias, así como la represión franquista. La llegada de los Ayuntamientos democráticos trajo consigo un empuje urbanístico y de servicios para estas zonas de la ciudad, convirtiéndolas en espacios vecinales dignos y de una convivencia ejemplar, como ejemplares son sus habitantes.         

Como activista de los derechos humanos, tuve el honor de presidir a finales de los años noventa del pasado siglo la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y por ello felicito a los vecinos y vecinas, por albergar en el corazón de su barrio dicha denominación que como una luz permanente ilumina el camino por donde debe transitar la humanidad.

            Para sorpresa de todos ha saltado a la prensa nacional, incluso a algunos rotativos de la internacional, que la nueva corporación municipal de Córdoba, formada por PP y Cs, pretender volver al callejero de la ciudad nombres franquistas. De todos ellos es de especial relevancia que el nombre de los Derechos Humanos vaya a ser cambiado, en un país social y democrático de derecho, por el de un franquista que participó en la represión del pueblo, incluso matando sin ningún tipo de pudor a inocentes por el solo hecho de considerarlos “rojos”.

            Ojalá este barrio de Córdoba se levante y no permita tal ignominia. Ojalá Córdoba entera se libre de esta vergonzosa situación que nos hace sonrojar para vergüenza nuestra y de  nuestros descendientes.


                                                                                  Córdoba, 1 de julio de 2019
                                                                                      Miguel Santiago Losada
                                                                                           Profesor y escritor
             

jueves, 4 de julio de 2019

RELIGIÓN ENTRE ELECCIONES


Cuando una persona   lee en una hojilla parroquial cómo se dirige el voto a formaciones políticas no sólo de derechas, sino incluso de extrema derecha, por motivos morales como el aborto, la homosexualidad, o por motivos políticos como la unidad nacional…; cuando uno ve al Obispo de la Iglesia católica de Córdoba alegrarse ante los resultados de las elecciones andaluzas del pasado diciembre y no manifiesta la misma satisfacción ante los resultados del pasado 28 de abril, uno se para  a analizar y se da cuenta de que la jerarquía católica española, en su mayoría, está anclada en un poder aliado con los sectores políticos más conservadores, poniendo todos sus medios al servicio de dichas políticas retrógradas, que en muchos casos no respetan las declaraciones sobre los derechos humanos suscritas por los Estados miembros de las Naciones Unidas.

El Estado de la Ciudad del Vaticano está entre los últimos lugares de la lista de Estados a nivel mundial en cuanto a los compromisos en defensa y promoción de los derechos humanos. Por poner algunos ejemplos no ha ratificado ninguna de las convenciones sobre la supresión de las discriminaciones basadas en la diferencia de género. Tampoco ha suscrito la convención que regula la protección de los pueblos indígenas, los derechos de los trabajadores o los derechos de las mujeres, ni ha suscrito mediante su firma las convenciones contra los genocidios, los crimines de guerra y contra la humanidad. Ni tan siquiera ha firmado los convenios que se refieren a la supresión de la esclavitud o de los trabajos forzados. Asimismo, tuvo que llegar el Papa Francisco para rechazar la pena de muerte el pasado año, después de décadas sin acatar dicha convención.

Esto conlleva un progresivo desprestigio de una religión que da la espalda, en muchos casos, a los derechos humanos. Una religión que habla de obligaciones, deberes, mandamientos, prohibiciones y censuras, que suelen ir acompañadas de amenazas que generan un sentimiento de culpa y frustración, es una religión abocada al fracaso, con lo que son cada vez menos los seguidores. Una religión no sirve cuando “no pilota sobre la base del derecho, sino de la sumisión”, como diría el teólogo José María Castillo en su libro La Iglesia y los derechos humanos, añadiendo: “mientras la Iglesia no resuelva su extraña y oscura relación con los derechos humanos, tendrá cada vez menos futuro, y se alejará cada vez más no sólo de la gente, sino también del Evangelio”. De ahí se desprende la formulación de Marcel Gauchet cuando dice en su libro La religión en la democracia que “retirarse de la religión no significa abandono de la fe religiosa, sino abandono de un mundo estructurado por la religión, donde ella dirige la forma política de las sociedades”.

Es evidente que la jerarquía católica no quiere perder el protagonismo social y político que tuvo en el “Antiguo Régimen”, viendo los derechos humanos (sobre todo los referidos a la igualdad) como una amenaza. Es la lógica que se desprende de una religión que se formula como un Estado, cuyo jefe supremo es el Papa, una autoridad vertical y autoritaria, posesionándose en el polo opuesto de la democracia.

Todo ello no debe hacernos olvidar la estrecha vinculación entre el cristianismo y los derechos humanos que, como muy bien plantea Enzesberger, tiene su núcleo en el mandamiento del amor, valor central en la tradición cristiana. Jesús de Nazaret se opuso a semejante poder aun sabiendo que se trataba del poder religioso. Él ya advirtió a sus seguidores cuando quisieron estar por encima de los demás: “no será así entre vosotros. Al contrario, el que quiera hacerse grande, ha de ser el servidor vuestro y el que quiera ser el primero, ha de ser esclavo de todos” (Mc 10,43-44). En ningún caso podían ir por la vida haciendo lo que hacían los poderes de este mundo. En definitiva, para Jesús estaba antes el derecho de las personas a la vida, a la salud y a la dignidad, que el sometimiento a la religión. Por eso Jesús afirma que “el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado (Mc 2,27).

Un Estado social, democrático, de derecho y aconfesional tiene que saber poner a la religión en el sito que le corresponde. Y si no lo hace las elecciones son una gran oportunidad para expresar, entre otras muchas cosas, el modelo de Estado que queremos.

                                                                                     Córdoba, junio de 2019
                                                                                      Miguel Santiago Losada
                                                                                    Profesor y miembro de ADA