Miguel Santiago Losada

Desde el año 1980 al 1990 la población penitenciaria aumentó en más de 20.000 personas presas, llegando a los 33.000. Las cárceles españolas se iban llenando principalmente de personas jóvenes y empobrecidas relacionadas con el grave problema del tráfico y consumo de drogas, que irrumpió con fuerza entre los años 70 y 80. El entonces Gobierno socialista, en lugar de plantear una política sobre drogas que estableciese un marco legal, desarrolló el plan nacional de macrocárceles bajo el ministerio de Antonio Asunción. Grandes complejos penitenciarios se iban construyendo a las afueras de las ciudades por todo el país, que sustituían a las viejas cárceles, generalmente de pequeñas dimensiones. Diez años después, en el 2000, y como era de esperar, ya eran más de 45.000 las personas que abarrotaban las cárceles, dejando el objetivo de la reinserción social en una pura falacia. En aquellos años de Gobierno del PP, lejos de plantear una nueva política sobre drogas, e incluso una política

"Estamos avergonzados de que en 2004 alrededor de 38 millones de personas estén viviendo con VIH/sida y luchando las mismas batallas después de dos décadas", señaló la declaración oficial de la Conferencia Internacional de Bangkok celebrada en julio. La situación es tan extremadamente grave que podríamos calificar a la epidemia de crisis de derechos humanos como señala la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan . Esta realidad presenta su máximo exponente en la Africa Subsahariana que soporta una asfixiante deuda externa, pagando cada año 15.000 millones de dólares, cuatro veces lo que los mismos países africanos gastan en salud y educación, las dos mejores medicaciones para combatir el sida. La violación de los derechos humanos que sufren, sobre todo los países del llamado Tercer Mundo, acrecienta la vulnerabilidad de las personas al contagio, cebándose con los sectores más excluidos de la sociedad. Precisamente, el factor de la injusticia social