Miguel Santiago Losada

Blas Infante es conocido como padre de la patria andaluza. En él convergen la historia y el sentimiento del pueblo andaluz. Fue una persona, formada y culta, enamorado de la cultura de su tierra y comprometido con la dura realidad que sufría una gran mayoría de la población andaluza, principalmente los jornaleros, mano de obra mil veces vilipendiada   por los terratenientes herederos de la principal lacra que padeció Andalucía desde la Baja Edad Media, el repartimiento de tierras que hicieron los reyes castellanos entre la monarquía, la nobleza y la iglesia, usurpándole al pueblo su principal riqueza. Podríamos decir, sin duda a equivocarnos, que Blas Infante es el alfa y el omega del nacionalismo andaluz que se fue fraguando en los albores del siglo XIX y alcanzó su mayoría de edad el 4 de diciembre de 1977 cuando el pueblo soberano levantó su voz para exigir el reconocimiento de nuestra tierra y alcanzar la dignidad pisoteada durante demasiados siglos de historia. Andalucía ti

Hace años no hubiese pensado que la mentira llegase a ser un instrumento político y social. E l término "post-truth", que se empleó a principios de los noventa , lo usó el dramaturgo serbio-estadounidense Steve Tesich, para referirse a la guerra del Golfo: "Lamento que nosotros, como pueblo libre, hayamos decidido libremente vivir en un mundo en donde reina la posverdad". La posverdad, ​ o mentira emotiva, describe la “distorsión deliberada de una realidad, con el fin de crear y modelar opinión pública e influir en las actitudes sociales” (RAE, 2017), diluyendo la verdad y la objetividad. Ante estos estímulos marcados por el engaño y la trampa tenemos que estar atentos para desarrollar una respuesta de calidad, humana y coherente, que surja de nuestro interior. Cuanto más consciente seamos mejor responderemos a esos estímulos que nos llevan inequívocamente a una sociedad vacía de valores con el objetivo del control y el enriquecimiento de los que ostentan p

            Desde años atrás venimos asistiendo a uno de los mayores escándalos inmobiliarios en Andalucía y en el resto del país, con el agravante de pretender usurparnos  nuestro propio patrimonio, el bien más preciado de un pueblo. Desde distintas partes del Estado han ido surgiendo plataformas ciudadanas para denunciar esta situación. Estamos hablando de la Jerarquía católica que se ha ido apropiando del patrimonio andaluz y del resto del Estado gracias a la reforma de la ley hipotecaria de 1946 propiciada por José María Aznar, modificando el Art.206 de la Ley, que igualaba a la Iglesia con la Administración Pública, y el Art. 304 de su Reglamento, que igualaba a un Obispo con un funcionario. Con este cambio la Jerarquía ha inmatriculado miles de bienes, entre ellos catedrales, parroquias, iglesias… Muchas de ellas Monumentos Nacionales y algunas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La misma Mezquita de Córdoba fue inmatriculada por 30 euros en el a

               Todos los años asistimos a las mismas declaraciones de los representantes de los partidos políticos responsables del Gobierno del Estado (PP) y del Gobierno de la Junta de Andalucía (PSOE). Ambas formaciones políticas, las principales responsables de las escasas inversiones en nuestra provincia,  se echan en cara la falta de financiación que sufre nuestra provincia año tras año, siendo una de las últimas de todo el país. No nos debe extrañar que más del 75% de los cordobeses, según EGOPA 2017, califiquen como mala o muy mala la situación económica de Andalucía y de Córdoba en particular, destacando el desempleo como el primer problema con un 83.8%. Lógica preocupación cuando la provincia tiene la mayor tasa de paro de España con el 30.21% (EPA, octubre 2017). Esta situación empobrece de tal manera a la población que , s egún la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Córdoba tiene la media andaluza más alta en riesgo de exclusión, con un 41

                                                                           A L@S PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN A veces, demasiadas veces, escucho comentarios desafortunados sobre los profesionales de la educación. Lo último que me llamó la atención fue una encuesta realizada en el diario CÓRDOBA hace unos días en la que participaron 2197 personas, de las cuales un 50.5% les daban una puntuación de cero a los profesores de los centros públicos andaluces. Esas más de mil personas o se han basado en una ideología que denosta el servicio público, el Estado del Bienestar, o están muy mal informadas del esfuerzo tan enorme que los profesionales de la educación realizan curso tras curso para educar y formar a nuestros niños y jóvenes, muchos de ellos procedentes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. España, a pesar de los terribles recortes de la crisis, es un país envidiado por los dos grandes cuerpos de funcionarios que se dedican a las dos tareas más básicas que

Mi gente, un grupo rebosante de humanidad. Mujeres y hombres, niñ@s, con diferentes colores de piel. Profesando distintos credos. Procedentes de los cuatro puntos cardinales. Mi gente, las que llevan muchos años en el arte de amar al prójimo y los recién incorporados, con un mismo corazón dispuesto al encuentro y la solidaridad. Mi gente, que unen las manos y miran con ojos humedecidos. Mi gente, donde está  mi familia, mis amistades y mis compañer@s del río de la vida. Mi gente, mis seres más queridos  que se marcharon a la otra orilla del río de la vida. Mi gente, un trocito del patrimonio humano del mundo. Felicidades llenas de amor, justicia y paz!!!!!!!!!! Para 2018

La aprobación de la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía pretende traer "verdad, justicia y reparación" ante todas las atrocidades cometidas bajo la dictadura de Franco. Salió adelante el pasado 15 de marzo de 2017 con los votos a favor de PSOE, Podemos e IU, absteniéndose PP y Ciudadanos. Los principales objetivos de la Ley son la reparación de las víctimas del franquismo y la localización de las personas desaparecidas bajo la brutal represión (alrededor de 700 fosas y 48.000 víctimas en Andalucía, según fuentes de la propia Junta). Asimismo, la ley andaluza da un plazo de doce meses para que sean retirados los símbolos franquistas, tanto en espacios públicos como privados de uso público. Hay t res casos en Córdoba que, según la citada Ley, deben desaparecer: el monumento a los caídos, las lápidas de la Mezquita-Catedral y el nomenclátor de calles relacionadas con personajes del franquismo. Entre estas vías destacan las dedicadas a José Cruz Conde, Conde de