LA MEMORIA NOS HACE LIBRES
La
aprobación de la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía pretende traer
"verdad, justicia y reparación" ante todas las atrocidades cometidas
bajo la dictadura de Franco. Salió adelante el pasado 15 de marzo de 2017 con
los votos a favor de PSOE, Podemos e IU, absteniéndose PP y Ciudadanos. Los
principales objetivos de la Ley son la reparación de las víctimas del
franquismo y la localización de las personas desaparecidas bajo la brutal represión
(alrededor de 700 fosas y 48.000 víctimas en Andalucía, según fuentes de la
propia Junta). Asimismo, la ley andaluza da un plazo de
doce meses para que sean retirados los símbolos franquistas, tanto en espacios públicos como privados de uso público. Hay
tres
casos en Córdoba que, según la citada Ley, deben desaparecer: el monumento a
los caídos, las lápidas de la Mezquita-Catedral y el nomenclátor de calles
relacionadas con personajes del franquismo. Entre estas vías destacan las
dedicadas a José Cruz Conde, Conde de Vallellano y Antonio Cañero. José Cruz
Conde, antes del golpe de Estado del 36, ya había ayudado a los generales Primo
de Rivera y Sanjurjo para preparar el golpe de Estado de 1923, siendo
recompensado como alcalde de Córdoba y, años más
tarde, comisario de la exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.
Posteriormente tuvo un papel destacado en el apoyo civil a la organización del
golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en Córdoba. El Conde de Vallellano fue ministro de Obras Públicas, presidente del
Consejo de Estado y procurador de las Cortes franquistas. Antonio Cañero fue
oficial del ejército golpista de Franco que encabezó la llamada “Columna
Cañero” de caballistas y garrocheros que sembró el terror en los alrededores de
Córdoba, referido por diferentes crónicas; además, de estar vinculado a
macabros acontecimientos como tirotear
con fusiles de montería a los presos de la cárcel de Antequera, como recoge el
historiador Francisco Moreno en uno de sus libros “1936. El genocidio franquista en Córdoba”.
La Comisión de Memoria
Histórica auspiciada por el Ayuntamiento para velar por el cumplimiento de la
Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía acaba de concluir su
extraordinario trabajo, al que la ciudadanía debe estar agradecida,
evidenciando todos los elementos de la dictadura franquista que aún persisten después
de cuarenta años de democracia. El Gobierno municipal debe acatar dicho
dictamen sin ningún tipo de titubeo para hacer valer la Ley. Una Ley basada en
la verdadera reconciliación, dignificando la memoria de todas aquellas personas
que fueron víctimas del franquismo. El historiador Francisco Moreno Gómez establece que hubo en Córdoba unos 4.000
fusilados durante la guerra y 584 en posguerra. Entre ellos el alcalde Manuel
Sánchez Badajoz, fusilado el 8 de agosto de 1936, al que la actual alcaldesa,
nada más tomar posesión, quiso homenajearlo depositando un ramo de rosas en su
nicho del cementerio de la Salud.
Como ciudadano de un
país democrático deseo para mis hijos y los hijos/as de los demás referentes
que les aporten valores de igualdad, justicia, solidaridad, fraternidad, paz y concordia;
en definitiva, personas que hayan sentido, pensado y expresado su apuesta por
los derechos humanos, la carta magna que debe iluminar al mundo, acabando con
las tinieblas inhumanas de las dictaduras, la desigualdad social, la
discriminación de la mujer, el abandono de niños/as y ancianos/as, el
analfabetismo, las guerras y los conflictos, el hambre y la sed, las muertes
causadas por enfermedades curables, el racismo, la xenofobia y el maltrato a la
naturaleza.
Córdoba, 20 de diciembre de 2017
Miguel Santiago Losada
Profesor
y miembro de Comunidades Cristianas Populares
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