UNA BUENA NOTICIA

 

    Nos levantamos y acostamos con múltiples noticias, mensajes, documentales, películas, audiovisuales, que tratan sobre los acontecimientos más inhumanos que acontecen en cualquier rincón del planeta. Sobre todo, los referentes a las terribles guerras que matan a miles de personas inocentes de tanta barbarie. Los dos ejemplos más cercanos son las guerras de Ucrania y Gaza, en las que Rusia e Israel se están cobrando miles de víctimas. En la franja de Gaza han muerto, hasta la presente, más de 15.000 niños, un auténtico genocidio en pleno siglo XXI. Otros dramas que nos traen las noticas son las muertes por violencia machista o los centenares de migrantes que mueren ahogados en nuestros mares por aspirar a una vida mejor, sin guerras, hambres y falta de oportunidades.

          Hace unos días el Congreso de los Diputados apoyaba la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a cientos de miles de migrantes que viven y trabajan en nuestro país. Unas 500.000 personas migrantes podrán obtener la documentación necesaria una vez salvados los trámites parlamentarios. Ello supondrá la obtención de derechos básicos que dignifiquen la vida de miles de personas. Sin duda una esperanzadora y gratificante noticia. Solo el grupo parlamentario de Vox se opone a dichas medidas como consecuencia de una ideología que no reconoce los derechos humanos, oponiéndose a la igualdad y la justicia social.

    El Estado español ya tuvo un precedente con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, regularizando en el año 2004 alrededor de 600.000 personas migrantes que vivían sin derechos, sometidas al temor de la expulsión del país y con un continuo hostigamiento policial.

       No hay derecho que la ley de extranjería vaya en contra de la dignidad de las personas migrantes. ¿Cómo es posible que en un Estado Social y Democrático de Derecho haya familias con niños que no puedan acceder a la salud o a la educación? ¿Cómo es posible que vivan en condiciones infrahumanas por unas condiciones de acceso a la vivienda inalcanzables por no tener reconocidos los derechos básicos de cualquier persona? Además, la Administración ejerce de una forma lenta y obstaculizadora para conseguir la regularización de los migrantes. Permisos de residencias y de trabajo, tarjetas rojas, resoluciones para el arraigo familiar, podían tardar hasta cuatro meses en 2018, duplicándose o más actualmente. Obligando a estas personas a vivir precariamente. Personas que desarrollan unos servicios imprescindibles en nuestra sociedad como son los del cuidado y la limpieza en los hogares, personas que trabajan de sol a sol en nuestros campos recogiendo las cosechas. Personas internas que cuidan de nuestros mayores, que sacan a pasear a personas con discapacidad, que se encargan del mantenimiento de los hogares, de la atención de los niños ante la ausencia de sus progenitores. Servicios que lejos de ser reconocidos y altamente agradecidos por la sociedad, son poco valorados y remunerados. ¿Cómo es posible mantenerlos en esta precariedad? Hay que romper este círculo perverso a través de la propia ciudadanía con propuestas como esta iniciativa legislativa popular. 

        Mientras esta noticia es alentadora para el desarrollo de los derechos humanos, la UE aprueba un nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que refuerza las políticas de externalización de fronteras y los retornos a terceros países, donde la vida de miles de personas podría correr peligro. Facilitando la vulneración, aún mayor, de los derechos humanos. ¿Acogemos o despreciamos?, ¿incluimos o excluimos? La respuesta queda abierta.

                                                                                   Córdoba, 12 de abril de 2024

                                                                                      Miguel Santiago Losada

                                                                                            Profesor y escritor