EL ESTADO RESTAURA, LA IGLESIA INMATRICULA
De la misma manera que
Miguel Hernández se preguntaba “¿quién, quién
levantó los olivos?”, nos podemos preguntar quién levantó el bosque de
columnas de la Mezquita de Córdoba o el minarete de la Giralda, y no, no fue la
Iglesia. Ni los bienes se adquieren por consagración, ni se pueden apropiar por
la posesión en el tiempo cuando su naturaleza es pública. Sin embargo, la Jerarquía católica ha ido inmatriculando
hasta el año 2015, con el permiso de la inconstitucional ley hipotecaria, el 80
% del patrimonio de los diferentes pueblos que forman el Estado español, desde
la Mezquita de Córdoba a la catedral de Burgos, o desde la Giralda de Sevilla
hasta el rico patrimonio mudéjar de Aragón.
Invito a realizar un recorrido a
través de dos ciudades de Andalucía, muy importantes por su historia, patrimonio
y singularidades: Córdoba y Sevilla, paradigmas de lo que ha sido el
denominador común en el resto de las ciudades y pueblos de las diferentes
comunidades autónomas. Ambas fueron fundadas en tiempos de tartessos, donde
posteriormente se asentó Roma y floreció al-Ándalus, las dos principales
columnas que forjaron la historia de las dos ciudades hermanas, alimentadas por
el cordón umbilical del río Guadalquivir. Evidentemente, la cultura hebrea,
bizantina y visigoda también dejarían sus huellas, sin olvidar a la población
africana y gitana que desde el siglo XV llegaron a Andalucía. Fueron
conquistadas por el rey castellano Fernando III en 1236 y 1248 respectivamente.
Las dos ciudades andaluzas comparten
un rico legado de iglesias fundadas por los reyes castellanos durante los
siglos XIII y XIV construidas sobre antiguas mezquitas de los arrabales. Iglesias
donde se combinan bellamente el románico tardío, el gótico y el mudéjar. La
mano hábil y maestra de los alarifes y albañiles andalusíes se nota en la
construcción de las diferentes fábricas. La Magdalena, Santiago, San Pedro,
Santa Marina, San Agustín, San Lorenzo o San Pablo (estas últimas enclavadas en
lo que fuera la vía augusta y una de las principales vías de los arrabales de
la Axerquía) son algunos de los bellos templos cordobeses que vieron sus
reflejos años más tarde en las iglesias sevillanas de San Román o de San
Marcos, Santa Marina y San Gil (situadas en un eje de calles que fue el Cardo
Máximo de Hispalis y la calle Mayor en tiempos andalusíes), Ómnium Sanctorum,
San Juan de la Palma o Santa Catalina. Estos templos, en el transcurrir de los
siglos, sufrieron terremotos, incendios, abandonos hasta llegar al siglo XX en
tan lamentable estado que, gracias a las inversiones económicas del Gobierno de
España y, posteriormente, al Gobierno andaluz, se fueron restaurando. Miles de
millones de pesetas, millones de euros fueron destinados a la recuperación de
este riquísimo patrimonio cordobés y sevillano; de por sí, únicos por la
Mezquita y Medina Azahara y por la Giralda y los Reales Alcázares,
respectivamente.
Las inversiones públicas no solo tuvieron lugar en la Mezquita-Catedral de Córdoba,
donde el Estado viene gastando desde el siglo XIX grandes cantidades de dinero
para su conservación. La iglesia de San Agustín renació de su ruina en 2010 tras una profunda restauración en octubre de 2009 que costó cerca de cuatro millones de
euros a la Junta de Andalucía. Unos meses después
reabrió sus puertas la parroquia de San Lorenzo, tras culminarse su
restauración por 556.063 euros
aportados por la administración andaluza. Años antes, la Consejería de Cultura
invirtió 400.000 euros en la restauración de la iglesia de la Compañía, aportando
el obispado solo el 7.5%. En la iglesia de San Hipólito la Comunidad autónoma
invirtió 240.000 euros
en restaurar el órgano, 600.000 euros fueron los designados a La Magdalena tras
un incendio; en San Francisco el coste llegaría a 587.000 euros en el 2007. Cuatro
meses después, en abril de 2008, la Diócesis de Córdoba inscribió la iglesia de
San Francisco a su nombre en el Registro de la Propiedad, acogiéndose a la reforma
de la Ley Hipotecaria para inmatricularla. Esta fiebre
“inmatriculadora” fue llegando a todas las iglesias monumentales de la ciudad.
Conforme se iban restaurando, se iban inmatriculando, una tras otra. Incluso
llegaron a inmatricular la iglesia de la Magdalena por su “uso católico” en el
año 2005, estando desacralizada para fines culturales a raíz de su
restauración. Sin embargo, y siguiendo con los casos de Córdoba, no llegaron a
inmatricular las iglesias de Santa Clara, Regina o Madre de Dios debido a su
lamentable estado de conservación.
De igual modo, en Sevilla una de sus
más grandes y valoradas iglesias, El Salvador, fue restaurada íntegramente
durante cinco años bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura. Doce millones
de euros supuso la recuperación del bellísimo templo. Destacadas fueron las
restauraciones de Santa María la Blanca y Santa Catalina. En esta última la
aportación autonómica alcanzaría el millón de euros. La Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía también colaboró para la restauración de las quince
tablas de Pedro de Campaña del retablo principal de la parroquia trianera de
Santa Ana con un presupuesto de 400.000 euros.
El consejero de Cultura de la Junta de
Andalucía en el año 2012, consciente de las grandes inversiones realizadas en
el patrimonio de uso religioso, apremiaba a las diferentes diócesis andaluzas a
garantizar las visitas a los templos restaurados con dinero público. En este
sentido, recordaba que en los últimos años la Junta llevaba invertidos
alrededor de 50 millones de euros. El consejero estaba molesto porque las
iglesias se abrían solamente en horario de culto, imposibilitando la visita a
estos monumentos. Además, algunos de estos templos, una vez restaurados e
inmatriculados, cobran una entrada por la visita. No les parece suficiente la
recaudación que las arcas de los cabildos catedralicios acumulan por visitar
los templos mayores, Mezquita-Catedral o Catedral de Sevilla junto a la Giralda
y Patio de los Naranjos, privatizado desde 1992, sino que además suman al
negocio los templos diocesanos. Solo los cabildos de las catedrales Córdoba y
Sevilla recaudaron en 2019 entre 35 y 40 millones de euros.
En
definitiva, el resultado no podía ser más beneficioso
para la Jerarquía católica: las iglesias las fundan los reyes en la Edad Media,
las restaura el Estado y las inmatricula la Iglesia. Una operación magistral
para la Iglesia e inconstitucional para el país. Una operación calificada
mundanamente como “El gran robo permitido”, evangélicamente como “La avaricia
absoluta”: “No podéis servir a
Dios y a Mammón” (Mt
6, 24; Lc 16, 13). Mientras, el Estado Social y Democrático de Derecho, hasta
la presente, es más aliado de los intereses de la Jerarquía católica que de velar
por los intereses públicos de la ciudadanía a la que se debe.
Córdoba,
27 de marzo de 2023
Miguel Santiago Losada
Portavoz
de la Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de tod@s
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