BEATIFICACIÓN VERSUS REPÚBLICA
El Vaticano ha decidido beatificar el próximo 16 de
octubre a 127 sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos
asesinados durante la “persecución religiosa en
España”, como aparece en los carteles editados por el obispado de Córdoba,
entre 1936 y 1939. Una lápida en el trascoro de la catedral cordobesa recuerda
a los sacerdotes “ejecutados” en
1936. El acto estará presidido por el cardenal Marcello Semeraro,
prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, en la Mezquita-Catedral de Córdoba.
La apertura de esta causa de beatificación tuvo lugar en 2010 presidida por
Juan José Asenjo, anterior obispo de la diócesis cordobesa. En palabras
de Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, estos mártires suponen el “amor a Jesucristo hasta la muerte y perdón a
los enemigos. De los verdugos no nos acordamos nada más que para perdonarlos. Fueron
sus mejores hijos y ejemplo de vida cristiana para el mundo entero” (25-11-2020).
Como ciudadano y
cristiano, me generó un gran malestar este acto organizado por la jerarquía
católica que, sin pedir perdón por la complicidad manifiesta con el Golpe de
Estado militar y la dictadura franquista sufrida durante cuarenta años, pretende
lavarse la cara beatificando a 127 personas, asesinadas por la situación tan
desgarradora ocasionada por la “guerra
civil”, poniendo el acento en la persecución religiosa sufrida entre
1936-39.
He planteado una
serie de preguntas-respuestas para mitigar el desasosiego y la indignación que
dicho acto me provoca:
¿Por
qué considero que la beatificación tiene como objetivo una pedagogía perversa?
Es un acto que
favorece la división, apuesta por mantener abierta una herida, resaltando a los
caídos por una patria nacionalcatólica, martirizados por la horda de
anticristianos. Unos verdugos llamados a ser perdonados por los merecedores de
la única verdad, los que unieron “el humo
del incienso y el humo del cañón, que sube hasta las plantas de Dios son una
misma voluntad vertical de afirmar una fe y sobre ella salvar un mundo y
restaurar una civilización” (José Mª Pemán, 1937). Como plantea Paul
Preston (2001) “en casi todas las grandes
agitaciones políticas de períodos especialmente turbulentos, ha habido un telón
de fondo religioso y los clérigos han tenido un protagonismo crucial y a menudo
reaccionario”.
¿Son
el franquismo y nacionalcatolicismo una moneda con dos caras? ¿Una jerarquía
que disimula su perdón por haber respaldado con dichos y hechos al franquismo
acusando a la república “roja” de las muertes causadas a religiosos?
El apoyo de la mayoría de la jerarquía
católica al régimen de Franco es incuestionable, como plantea el profesor
Arcángel Bedmar (2017). En la célebre Carta de los obispos de julio de 1937, la
mayoría de los obispos españoles apoyaron a Franco, uno de sus grandes aliados.
El entonces obispo de Córdoba, Adolfo Pérez Muñoz, fue una de las firmas más
entusiastas de dicha carta, que alababa a la “Cruzada”. Elogió al carnicero de Córdoba, coronel Ciriaco Cascajo,
con un mensaje público en el que manifestaba: “Mis saludos y la más efusiva enhorabuena al bravo salvador, general por
aclamación popular, que con certero pulso y en momentos decisivos (…) tuvo
misión providencial y, respondiendo decididamente a ella, derribó, cual otro
David, audaz y valeroso, al Goliat rojo en Córdoba”. (Diario Azul, 13 de
agosto de 1939). A partir de esa fecha la jerarquía católica estaría más omnipresente
que nunca en la vida civil, adoctrinándola y no precisamente con el evangelio,
al mismo tiempo que verá a los vencidos como un objetivo de regeneración
espiritual.
¿Quién
fue el responsable del Golpe de Estado a la II República española?
La II República Española, proclamada el 14 de abril de
1931, aprobó una de las constituciones más avanzadas de sus tiempos, otorgando
por primera vez a la mujer la igualdad con el varón. Una República que tuvo que
enfrentarse, desde su proclamación, a una variada gama de fuerzas políticas
claramente antidemocráticas, y a una permanente amenaza de complot militar
apoyado por los partidos de extrema derecha (monárquicos, carlistas y
falangistas). Los militares que protagonizaron el Golpe de Estado del 18 de
julio de 1936, como muy bien describe Bedmar, tenían muy claro que la violencia
sería el arma principal para asegurarse el éxito, elaborando un plan para
exterminar y reprimir a sus opositores políticos. En la misma noche del 17 de
julio, cuando la insurrección no había llegado todavía a la Península, los
militares golpistas asesinaron a 225 personas en las posesiones españolas de
Marruecos, anticipando el método que iban a aplicar durante los tres años
siguientes en todos los lugares que iban conquistando.
¿La
misma crueldad en ambos ejércitos?
Durante los tres años
de guerra murieron en los frentes de batalla unos 300.000 soldados y en los
bombardeos fallecieron unas 12.000 personas. Además, en aquellos tres años de
guerra, decenas de miles de personas inocentes, que no habían cometido ningún
delito, murieron a consecuencia de la represión en la España republicana y en
la franquista, en su mayoría por fusilamientos. Por poner un ejemplo, venido al
caso, ¿serán beatificados los catorce sacerdotes vascos ejecutados por los
franquistas en el verano de 1937? Como relata en su libro, La Pólvora y el Incienso, Hilari Raguer (2017). El mismísimo obispo
de Vitoria, Mateo Múgica, llegaría a ser expulsado de España por denunciar el
bombardeo de Guernica ante el Vaticano.
No obstante, hay que
subrayar que la represión franquista y la republicana durante la guerra civil
no fueron iguales. Mientras el
franquismo utilizó la violencia y el terror de una manera programada, en la
zona republicana la represión no surgió de manera planificada, sino que fue consecuencia en gran medida del
hundimiento del Estado, lo que hizo que grupos de exaltados cometieran todo
tipo de delitos. Los datos así lo evidencian:
130.199 víctimas republicanas frente a 49.272
franquistas, según el estudio realizado por el historiador Francisco Espinosa
Maestre. En Andalucía las diferencias aún son mayores, contabilizándose 47.399
víctimas republicanas frente a 8.377 franquistas. Si nos referimos a la
provincia de Córdoba, hubo 11.582 muertos republicanos en guerra y posguerra
(4.629 en la capital y 6.953 en los pueblos) frente a 2.346 franquistas, según las
investigaciones del historiador Francisco Moreno Gómez (1985). Mientras, en
Córdoba capital, este mismo historiador establece que hubo unos 4.000 fusilados
en guerra y 584 en posguerra.
¿Por
qué la jerarquía católica no practicó la reconciliación a partir del 39?
En mi familia los
abuel@s siempre se han preguntado por qué siguieron los fusilamientos una vez
terminada la guerra. El fin de la guerra iría unido al comienzo de un nuevo
calvario. La dictadura de Franco no cumplió con su lema de respetar al que no
tuviera las manos manchadas de sangre, no hubo ni amnistía ni reconciliación. A
los derrotados se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto en julio
de 1936, y se les procesó por medio de una “justicia al revés”, que significaba
que los golpistas que se habían rebelado contra la legalidad republicana
juzgaban como rebeldes a los que habían permanecido fieles a ella. En Córdoba,
la mortalidad fue extrema en sus dos cárceles, pues solo en el año 1941
fallecieron allí 502 personas de las 3.500 o 4000 que había internadas, debido
a las pésimas condiciones de vida, las enfermedades y la alimentación escasa y
deficiente. Se estiman en 17.000 los presos que fallecieron de hambre y
enfermedades en las cárceles franquistas en la posguerra.
Ante esta desoladora
violación a los derechos humanos, la jerarquía católica no solo se puso de
perfil, sino que impulsó la nefasta política penitenciaria llevada a cabo por
órdenes religiosas: castigos por no ir a misa, obligar a comulgar, separar a
los hijos de las madres, realización de todo tipo de trabajos forzosos, una
pésima alimentación, nula asistencia sanitaria, deplorable estado de celdas e
instalaciones carcelarias, un trato avasallador y de desprecio hacia las
personas encarceladas…
¿Quiénes
fueron los vengativos?
El historiador Francisco Moreno Gómez, narra
las venganzas personales en los últimos pueblos conquistados de la provincia de
Córdoba, los registros domiciliarios, las detenciones, las torturas. Mientras
tanto, clero y católicos se echaron a la calle con vítores y “mueras” a la “canalla marxista”, a la vez que en los muros de las iglesias se
esculpieron los nombres de los mártires de la llamada “Cruzada”. Los habitantes de la provincia acabaron en campos de
concentración (Valsequillo, La Granjuela, Los Blázquez, Cerro Muriano). En más de 22 pueblos de Córdoba no hubo la
llamada violencia marxista, y, sin embargo, a la hora de la represión fueron
eliminadas sin contemplaciones muchas personas de izquierdas, solo por el hecho
de haber pertenecido a partidos de izquierda, haber ocupado algún cargo
municipal o público, haber intervenido en mítines, huelgas, o trabajar en las
delegaciones del Instituto de Reforma Agraria.
Los ayuntamientos de la victoria se ocupaban,
por otra parte, de gestionar múltiples pensiones para viudas o familiares de
empleados municipales “caídos” en la
guerra. Mientras si se trataba de algún familiar de empleados depurados por el
franquismo le denegaban las solicitudes por improcedentes. Todo ello evidencia
el fascismo desarrollado por el régimen de Franco, el mayor ejecutor de penas
de muerte en la historia de España, con el apoyo y las bendiciones de la mayoría
de la jerarquía católica.
Mientras todo esto ocurría el Gobierno de la
República, desde mediados de 1938, no aprobó ninguna ejecución de pena de
muerte.
La gran asignatura pendiente
Después de cuarenta
años de franquismo, sigue existiendo una falta de tutela judicial efectiva con
las víctimas del franquismo, por lo que las iniciativas para subsanar tan
lamentable vacío se han dirigido hacia organismos e instituciones extranjeras.
Tal fue el caso de la querella presentada en Argentina en abril de 2011 para
que se investigaran los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad cometidos
durante la dictadura franquista entre 1936 y 1977. La ONU ha advertido en
varias ocasiones, para vergüenza del Estado español, de que no puede escudarse
en la amnistía promulgada en 1977 para no extraditar o juzgar a los
responsables de violaciones graves de derechos humanos, como las torturas, las
ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas. Sin olvidar como distintos
organismos de la ONU han conminado en numerosas ocasiones al Estado español a
atender a las víctimas del franquismo en lo referido a la elaboración de un
plan nacional de búsqueda de los desaparecidos y establecer una partida
presupuestaria para la localización y exhumación de los miles de fusilados que aún
permanecen enterrados en fosas comunes.
Para terminar
Si nos imaginamos una amplia balconada en el cielo en
la que se asomasen las personas que murieron a causa de la guerra española,
como de cualquier otra guerra, aclamarían en el acto de beatificación con un
¡basta ya! a tanta mentira. Y ante la presencia del Dios justo y misericordioso
se avergonzarían de las religiones, que han matado a miles y miles de personas
en nombre de Dios a lo largo de la historia, volviendo a aclamar: ¡No tomen el
nombre de Dios en vano!
Hubo un cardenal que se negó a reconocer el régimen de
Franco y a firmar la Carta Colectiva de los obispos españoles con motivo de la guerra en
España redactada
el 1 de julio de 1937 por el episcopado español a instancias de Franco. El cardenal Vidal i Barraquer de Tarragona
exponía repetidamente en sus cartas al cardenal Pacelli: “creía que en aquella guerra fratricida la Iglesia no debía
identificarse con ninguno de los dos bandos (la terminología de los dos
bandos no lo hace sospechoso de ser de izquierdas), sino más bien hacer obra de pacificación”. Después de 85 años
sigue vigente para muchos obispos de la Conferencia Episcopal Española dicha
recomendación.
Córdoba,
13 de octubre de 2021
Miguel Santiago Losada
Profesor y escritor
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