Andalucia
Andalucía, por su dilatada historia, llegó a tener una situación
preautonómica que arrancó con la asamblea de Ronda de 1918, y de no haber sido
por el golpe militar franquista de 1936 hubiese refrendado su estatuto de
autonomía. De ahí se desprende que desde finales de los años 70, en plena
transición política española, los andaluces reclamásemos nuestro reconocimiento
histórico como autonomía a través del artículo 151 de la Constitución (vía
para las plenas competencias autonómicas). Memorable fue el 4 de diciembre de
1977 cuando millones de andaluces salimos a la calle con las banderas
verdiblancas exigiendo el reconocimiento nacionalista que históricamente se nos
había negado. Ese mismo día, en la manifestación de Málaga, un guardia civil
mató de un tiro al joven José Manuel García Caparrós cuando intentaba poner una
bandera andaluza en el balcón de la Diputación Provincial.
El 28 de febrero de 1980 nos ganamos a pulso, a través del
referéndum, el acceder a nuestra autonomía por el artículo 151, lo que suponía
el mismo techo autonómico que las tres nacionalidades consideradas históricas.
El preámbulo del reformado Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 dice que la Constitución de 1978,
en su art.2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad. Hoy, después de 30
años, Andalucía sigue siendo una sociedad dual, la del bienestar y la
empobrecida económica y socialmente, en la que encontramos a más de 400.000
personas en una situación de extrema pobreza. Urge una política social en la
que la formación y el empleo junto al acceso a una vivienda digna sean los
pilares que generen la verdadera justicia social.
Desde principios de la década de los 90 se planteó por la
anterior Consejería de Asuntos Sociales una Ley de Inclusión Social. Incluso se
llegó a elaborar un borrador en febrero del 2001 sobre la misma.
En vísperas de las elecciones andaluzas del 2004, el entonces
consejero de Asuntos Sociales presentó el Plan Andaluz para la Inclusión Social ,
que fue aprobado en el Consejo de Gobierno de 11 de noviembre del 2003 y que
estaría en vigor hasta el 2007.
Aunque se siguió interviniendo en algunas zonas con una elevada
exclusión, al día de hoy no podemos hablar de que haya alcanzado un nivel
suficiente. En el año 2007 la situación era prácticamente la misma que en el
2003. Apenas se había construido vivienda de promoción pública, el deterioro de
algunos barrios había aumentado, las ayudas familiares resultaban a todas luces
insuficientes. Incluso han sido años en los que se ha invisibilizado la pobreza
en vez de haber sensibilizado a la población sobre ella, llegando incluso a
criminalizarla.
Con las elecciones autonómicas del 2004 llegó la nueva imagen.
La actual Consejería para la
Igualdad y el Bienestar Social responde más a la clase social
media, votantes mayoritarios, que a las clases sociales más desfavorecidas. Es
una Consejería a la medida de la
Andalucía al Máximo que esconde el primer problema andaluz:
las miles de personas que padecen la exclusión social. De ahí que todavía siga
pendiente de responder a problemas sociales como: ¿En los últimos diez años qué
incremento han experimentado las ayudas económicas familiares destinadas a la
población más necesitada? ¿Hay recortes en las políticas a la hora de
intervenir en zonas necesitadas de transformación social? ¿Son prioritarias las
medidas de empleo en estas zonas?
El nuevo estatuto, que se sometió a referéndum el 25 de febrero
de 2007, se impregnó de un fuerte carácter social contemplando incluso el
derecho a la Renta
Básica. Sin embargo, después de tres años, es solo papel
mojado cuando las necesidades sociales son más urgentes que nunca por la crisis
que estamos atravesando.
Ahora más que nunca es necesario una Ley de Inclusión Social que
con presupuesto haga efectivas medidas de formación y empleo, educación, salud,
vivienda y una renta básica. Ello conllevaría, entre otras cosas, a paliar en
gran medida los estragos que tanto el tráfico como el consumo de las drogas
provocan, causa directa de que las cárceles estén masificadas de personas
empobrecidas y excluidas.
* Profesor y Presidente de la
Asociación KALA
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