Criminalizar la pobreza
El gobierno municipal está elaborando un borrador de ordenanza en el que se multa con 900 euros a aquella persona que extraiga basura de un contenedor. Si por un momento nos paramos a reflexionar en el sujeto sobre el que susceptiblemente recaerá tal sanción, imaginamos su rostro, lo primero que nos debería de brotar es un sentimiento humanitario que nos llevará a preguntarnos si este sistema tan injusto no ha multado ya lo suficiente a una persona que se ve obligada a estar rebuscando comida o chatarra en los contenedores. Por otra parte, me pregunto cómo una persona que busca entre la basura puede pagar una multa de 900 euros, a no ser que se le trate con el mismo rasero que a algún capitular que se sienta en el Ayuntamiento, cuya multa millonaria no paga, y sobre el que la presión consistorial, cuanto menos, es un tanto laxa. No resulta baladí este tipo de ordenanzas, que dejan traslucir ideologías en las que la persona pobre y excluida es un ser que afea y molesta y, por tant