Por el bien del menor

La ley 1/1998, de 20 de abril, que trata de los derechos y la atención al menor en Andalucía, establece como primer principio primar el interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo. De lo anterior se desprende la tan manoseada frase "por el bien del menor".
Sin embargo, cuántas injusticias y violaciones a los derechos humanos, en este caso a los derechos de la infancia, se cometen bajo el paraguas de esta ley, que pretende favorecer a uno de los sectores más débiles de la sociedad como son las personas más pequeñas necesitadas de mucho amor y seguridad.
Por el bien del menor se han retirado niños a familias que se encuentran en situación de riesgo social, o lo que es lo mismo, padres y madres que padecen la pobreza o la exclusión social. La ley de la atención al menor establece medidas para evitar estas situaciones de riesgo, que precisamente recoge la ley de inclusión social y que aún no se ha puesto en marcha a pesar de la grave situación social en la que se encuentran miles de familias andaluzas.
Por el bien del menor la policía autónoma puede intervenir directamente en los centros educativos llevándose a un niño, que se encuentra en clase con los demás compañeros, a un centro de menores por una orden de retirarlo de su familia por parte de la Administración andaluza. Esto significa desconfianza sobre ese colegio por parte de las familias y del propio trabajo que contra el absentismo escolar realizan los profesionales de la enseñanza y los diferentes educadores que trabajan en estos barrios.
Por el bien del menor se elaboró un reglamento de derechos y deberes del alumnado que utiliza el mismo planteamiento incriminatorio del poder judicial a la hora de resolver los problemas que pueden acontecer en los colegios e institutos. Es verdad que hay maestros y profesores empeñados en una mediación escolar educativa; sin embargo se siguen utilizando medidas más coercitivas que educativas a la hora de querer solventar los problemas. La expulsión de los centros es una medida cada vez más generalizada, que va contra la propia ley de educación, que prima el derecho a la educación por encima de cualquier otra premisa.
Por el bien del menor algunos medios de comunicación, con la excusa del derecho a la información, mancillan la dignidad y el honor de los niños y sus familias realizando intromisiones ilegítimas que van contra los propios derechos de la infancia. Los programas basuras y, podríamos añadir, los políticos basura utilizan estas duras realidades para obtener pingües beneficios económicos o electorales.
Por el bien del menor los menores extranjeros no acompañados recibirán la misma protección que cualquier otro menor que se encuentre desamparado. Sin embargo, esas mismas personas, responsables de velar por la protección y seguridad de los niños y adolescentes procedentes de países empobrecidos, permiten que salgan de los centros de protección de menores sin permisos de residencia, permiten que algunos terminen en centros de transeúntes, se olvidan de ellos una vez que cumplen los 18 años e incluso dudan de su minoría de edad, que sus pasaportes del país de origen avalan, para criminalizarlos y expulsarlos sin ningún miramiento.
Por el bien del menor en 2008, último año en el que hay cifras oficiales disponibles, los menores españoles necesitados de protección acabaron mayoritariamente en centros de protección, y sólo 4.000 de los 16.000, o sea una cuarta parte, fueron acogidos por familias. Justo lo contrario de lo que ocurre en los países más desarrollados de la UE. El niño lo que necesita siempre es una familia que le de mucho amor, ternura y seguridad, lo que un centro, por muy buenos profesionales que tenga, nunca podrá ofrecerle. Haría falta revisar en profundidad en manos de quién están estos niños/as, cómo están siendo atendidos, qué está primando cuando la gestión es llevada por empresas o entidades no lucrativas, sobre todo ahora en época de crisis; por dónde se está recortando, cómo y quién está valorando la calidad del servicio de estos centros de gestión indirecta. Lo que cuentan los chavales que salen de algunos, y remarco lo de algunos, de estos centros, así como los/as educadores/as, trabajadores o ex trabajadores de los mismos, a veces nada tiene que ver con el bien del menor por lo que no estaría mal que la Administración pública competente anduviera con mayor preocupación ante cómo están siendo atendidos/as estos/as niños/as.
Es necesario más corazón en una tarea que exige la máxima delicadeza porque estamos ante lo más vulnerable, niños y niñas, adolescentes que a veces chillan, alborotan, patalean para reclamar nuestra atención ante la desesperada situación de inseguridad en la que se encuentran. Una sociedad enferma es aquella que tiende a protegerse de sus niños/as en lugar de protegerlos por lo que hay que estar vigilantes ante la aparición de tales síntomas.

* Profesor y presidente de la Asociación KALA

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