SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, USTED OBVIA LA REALIDAD.

Con discursos como el que usted dirigió al pueblo andaluz este fin de año, Andalucía nunca llegará a estar cohesionada. Sin dejar de reconocer los avances obtenidos en los últimos veinte años, debidos principalmente a los fondos de cohesión de la Unión Europea, Andalucía padece una seria de problemas que podríamos considerar endémicos y que usted olvidó en su discurso, pensado para una población del bienestar que no es consciente del empobrecimiento y de la exclusión social que padece Andalucía.

Usted no quiere reconocer que en Andalucía existe mucho empobrecimiento social y cerca de 300.000 personas excluidas. Usted invisibiliza la realidad más vergonzosa de la sociedad andaluza.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exige una solución al principal problema de Andalucía: el empobrecimiento y la exclusión social. Una solución que sólo vendrá a través de una política social, en la que el poder público tiene la máxima responsabilidad para promover las condiciones de vida digna para toda la ciudadanía: empleo o en su defecto renta básica, vivienda, acceso a la educación y formación laboral y una protección social adecuada a las distintas carencias que las personas puedan padecer. Para ello la Administración andaluza tiene que plantearse como primer objetivo la erradicación de la pobreza y la exclusión social.

Los principales problemas que la Junta de Andalucía debe abordar son los siguientes:

1.- El principal problema de nuestra tierra es la EXCLUSIÓN SOCIAL. De los más de 2.000.000 de empobrecidos/as que viven en Andalucía, cerca de 300.000 son excluidos/as sociales:  24.493 en Almería (4% de su población),  63.764 en Cádiz (5.4% de su población),  25.100 en Córdoba (3.2% de su población), 29.270 en Granada (3.4% de su población), 8.224 en Huelva (1.7% de su población), 21.789 en Jaén (3.3% de su población), 50.869 en Málaga (3.5 % de su población) y 63.487 en Sevilla (3.5% de su población).
Es la mayor población en exclusión social de todo el Estado, tanto en números absolutos como relativos y detrás de cada número se esconde una persona.

2.- El paro, el único problema andaluz que el Presidente de la Junta reconoció, alcanza a cerca de 500.000 andaluces, lo que significa el mayor número de parados/as de todo el Estado, tanto en cifras absolutas como relativas.

3.- La vivienda, no exenta de escándalos urbanísticos que sacuden a Andalucía por todo su territorio, ha pasado de ser un derecho a ser considerada un lujo para la mayoría de la ciudadanía andaluza. Según los últimos datos aportados por TINSA (Tasaciones Inmobiliarias) Andalucía es la segunda autonomía que mantiene al alza el precio de la vivienda usada, llegando al 21% de subida. Al mismo tiempo, su población empobrecida y excluida es la más alta del Estado. Por otra parte, existen 548.699 viviendas de uso familiar desocupadas (17.7% de las viviendas andaluzas).
La Administración andaluza debería contemplar medidas para fomentar el alquiler a los diferentes perfiles poblacionales que presenta la sociedad andaluza, al mismo tiempo que la construcción de VPO, según marca la nueva ley.

4.- El Gobierno andaluz debería ser crítico con la política penalizadora que está llenando las cárceles (más de 12.000 presos en Andalucía) y los centros de reforma de menores (al paso que vamos pronto tocaremos el techo de los 1.000). Medidas como una nueva política sobre drogas y una educación apropiada para nuestros jóvenes aliviarían considerablemente estas alarmantes cifras.

5.- No podemos olvidar la realidad de la inmigración, que lejos de ser un problema se debe considerar, según la APDHA, un derecho y un enriquecimiento social.
Andalucía por su situación geográfica es la puerta de Europa para muchas personas empobrecidas de África. La desesperación y la falta de futuro que provocan la guerra y la pobreza hace que miles de personas hayan dejado su vida en las aguas del Estrecho y de Canarias y, más recientemente, en los intentos de acceder a través de los nuevos muros de la vergüenza de Ceuta y Melilla. Mención especial merecen los menores inmigrantes, acogidos por la Junta de Andalucía, que deberían ser objeto de políticas sociales, educativas y laborales encaminadas a brindarles una ciudadanía digna al igual que al resto de la juventud, evitando soluciones fáciles como la repatriación o la construcción de centros de menores en Marruecos que no ofrecen ninguna garantía.

TODOS ESTAS REALIDADES DEBERÍAN SER CONSIDERADAS POR UNA LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA QUE EL NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA NO SE QUEDE EN UNA MERA DECLARACIÓN DE BUENOS PRINCIPIOS.
                                                          
Miguel Santiago Losada
                                                        Coordinador del Área de Marginación
                                                                          APDHA

                                                          Córdoba, 3 de enero de 2006

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