CAMINO EQUIVOCADO

Los gobiernos de los llamados estados sociales y de derecho, en lugar de seguir políticas de populismo punitivo, deberían esforzarse por la educación en valores y la justicia social. 

A pesar de que estamos custodiados por cerca de 200.000 agentes, entre policía nacional, autonómica y guardia civil, nos quejamos de la existencia de inseguridad, exigiendo más policía.

Las empresas de seguridad privada, más de 1.000 con 75.000 empleados, no dan abasto para que no quede una sola puerta por guardar.

Las cárceles, sobre todo después del endurecimiento del Código Penal, tienen el doble de personas presas que en 1990. En concreto, son 61.000 repartidas en 77 prisiones. El principal objetivo de la política penitenciaria del Gobierno socialista es la construcción de 8 nuevas prisiones.

Los centros de reforma de menores albergan a más de 700 chavales sólo en Andalucía, cifra que se verá incrementada tras el endurecimiento de la ley de responsabilidad penal del menor.

Más de 3.000 policías vigilan los alrededores de los centros escolares ante el temor de que el consumo de drogas haga estragos en los niños y jóvenes menores de 16 años.

Entre la población civil circulan más de 7.500.000 armas de fuego, lo que hace que algunos se tomen la justicia por su mano al igual que ocurre asiduamente en la "avanzada sociedad americana".

¿Cómo es posible que con todo este sistema de medidas penales y coercitivas tengamos la percepción de inseguridad ciudadana? Me sorprenden las pancartas que señalan a los niños como asesinos, me preocupa enormemente que el consumo de drogas afecte cada vez más a los menores, me aterra la permisividad política y social ante un mercado que induce al odio, a la violencia y a la agresividad de nuestros jóvenes. Nos deberían de preocupar los casos de menores de familias "normalizadas" que apalean o matan indigentes. Me llena de perplejidad que un elevado porcentaje de alumnado de Educación Secundaria Obligatoria no consiga el título o abandone los estudios. Lamento como en los últimos años no han bajado los índices de empobrecimiento y exclusión social.

Ante esto me pregunto: ¿Son estas las causas de la inseguridad ciudadana o son las consecuencias?, ¿de verdad pensamos que multiplicando por dos o por tres las medidas penales y represoras lograremos terminar con ella?, ¿no nos paramos a reflexionar que un alto porcentaje de personas presas, de chavales en centros de reforma, de personas dedicadas al menudeo y consumo de drogas son las primeras víctimas de este sistema demencial?

Los gobiernos de los llamados estados sociales y de derecho, en lugar de seguir políticas de populismo punitivo, deberían de esforzarse por la educación en valores de su ciudadanía y por la implantación plena de la justicia social. De esta manera, podríamos aspirar a conseguir una sociedad verdaderamente segura, basada en los principios de los derechos humanos. De lo contrario, a penas más duras, mayor ambiente de inseguridad.

No tiene sentido que el setenta por ciento de las personas presas lo estén por delitos contra la salud (consumo y tráfico de drogas) o contra el patrimonio, muchas veces ambos delitos asociados. ¿No sería más lógico cambiar la actual política sobre drogas que genera un gran destrozo social y un mayor enriquecimiento del narcotráfico?

Por otra parte, la ciudadanía debería desarrollar la cultura de la corresponsabilidad social que garantice la cohesión social, huyendo de los postulados que fomentan el miedo, el ambiente de inseguridad y las actitudes xenófobas.

*Coordinador del Area de Marginación de la APDH-A