Urge una política de vivienda

Podemos presumir, a pesar de los gravísimos recortes presupuestarios del Gobierno, de tener dos cuerpos de funcionarios que son referente en muchos países: educación y sanidad. La democracia nos trajo la universalización de estos dos derechos humanos básicos para la población. Las cifras de analfabetismo que acarreábamos, a causa del anterior régimen dictatorial, se fueron diluyendo a la vez que nuestras universidades se iban llenando de un alumnado ansioso por formarse. Igual sucedió con el sistema sanitario público, que se fue implantando en todo el país a través de sus tres niveles de asistencia sanitaria: médico de atención primaria, médico especialista y hospitalización.

La vivienda, en cambio, arrastra un déficit de política social, que se ha visto agravado dramáticamente en estos últimos años por la crisis y la falta de una intervención política que no ha frenado la sangría de desahucios que están padeciendo miles de familias.

Es urgente la aplicación de políticas sociales de vivienda que adapten los ingresos de las familias a los gastos que supone pagar una hipoteca o un alquiler. No se puede permitir que las familias se vayan quedando sin ingresos a consecuencia de la crisis y tengan que afrontar el pago de una vivienda cuando no disponen ni siquiera de presupuesto para afrontar la cesta de la compra.

No sólo no se termina con esta injusticia social, sino que se sigue agravando aún más con el anuncio del fin de la renta antigua para el 1 de enero del 2015, que tenía como objetivo la protección de los pequeños comercios tradicionales y su mantenimiento en el tiempo, poniéndose en peligro en Córdoba 1.000 establecimientos y más de 3.000 empleos al poderse multiplicar hasta por diez el precio de los alquileres. A la delicada situación de muchas familias se sumaría la desaparición de un tejido comercial que vertebra y da vida a los barrios de nuestras ciudades y pueblos.

Por si fuera poco, conozco varios casos de abuelos/as que viven solos/as en pisos de rentas bajas y que han sido amenazados por sus propietarios con denunciarlos/as si no actualizan su renta amparándose en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1995, pidiéndoles además cantidades que ascienden a miles de euros con efecto retroactivo. Estos individuos aprovechándose de la indefensión de muchas personas mayores obvian que la actualización de la renta no se llevará a cabo si no sobrepasan 2.5 veces el salario mínimo interprofesional. Se comportan como unos "asusta viejas" para lucrarse económicamente a costa de unos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Nuestra democracia no debe permitir por más tiempo un Gobierno que no solo permite esta situación sino que agrava aún más la dura realidad de millones de personas, mientras vemos que los 20 españoles más ricos tienen lo mismo que los 14 millones más pobres.

* Profesor