La despenalización de las drogas

El flamante premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha sugerido retirar el carácter criminal al consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores para acabar con el narcotráfico. Llegó a afirmar que el tráfico de estupefacientes es "la mayor amenaza para la democracia en América Latina".
Hace unos tres meses en este mismo periódico Vicente Fox, presidente de México entre los años 2000 y 2006, en su visita a Córdoba hizo unas declaraciones en las que se inclinaba "por avanzar en la despenalización de la droga" debido a los estragos que produce en la población. Felipe González también se pronunció en esa línea.
A una escala local, mucho más pequeñita, desde que puse los pies en los barrios que padecen un elevado porcentaje de exclusión social, me di cuenta cómo el consumo de drogas y la venta de estupefacientes son factores determinantes de la situación en la que se encuentran. Familias enteras lamentan la muerte de varios de sus miembros por consumo o por haber adquirido alguna enfermedad tras un contagio. Muchas familias se ven huérfanas de padres y madres de la noche a la mañana, al ser detenidos y encarcelados por vender papelinas, lo que aboca al desamparo de sus niños. Las intermitentes redadas policiales tienen más efecto mediático que solución real, generando en los barrios una gran tensión para luego, en horas, seguir todo igual. Por otra parte, aparece una economía sumergida, que convierte a la droga en el principal sustento de una parte de los habitantes de estos barrios: vendedores, prestamistas, vigilantes, transportistas... Y esta economía a su vez sustenta otra, la que se genera con la penalización de las drogas, y que da cobertura a buena parte del trabajo de muchos funcionarios y profesionales liberales entre los que se encontrarían policías, abogados, procuradores, fiscales, jueces, funcionarios de prisiones..., por no hablar de todo el negocio de la seguridad y el miedo (guardias jurado, alarmas, cerraduras...).
Sin embargo, no pensemos que esta tragedia social sólo se da en estas zonas. Estas situaciones campan a lo largo y ancho de la geografía de cualquier pueblo o ciudad. Existen personas que padecen la grave enfermedad de las toxicomanías en cualquier espacio social, ya vivan en el residencial barrio del Brillante o en la mismísima avenida del Gran Capitán. Lo que ocurre, como en cualquier otra circunstancia, es que al perro flaco todo se le vuelven pulgas. Los más empobrecidos ni tienen cómo costearse sus dosis diarias, ni suelen tener redes sociales donde apoyarse, ni tienen cómo costearse una clínica de desintoxicación cuando deciden decir: -¡Basta!
Generar un marco legal para todas las drogas en un acuerdo internacional, ya que es un problema global, lograría, en gran medida, terminar con este calvario que sufre la sociedad en general, y las zonas más deprimidas del planeta en particular.
Pienso que ello no conllevaría un aumento en el consumo de estas sustancias. La regularización de ellas, al igual que ha pasado con el alcohol y el tabaco, hace que las personas consumidoras no generen problemas en la convivencia social.
Desgraciadamente, una persona que padece de alcoholismo presenta un grave problema personal, familiar y de salud; sin embargo, ello no lleva consigo la inseguridad ciudadana, ni la conflictividad social. Es más, el número de muertes por alcohol aumentaría considerablemente si no estuviese controlado ni registrado por sanidad.
Un marco legal para las drogas facilitaría la inclusión de muchas zonas y personas, al mismo tiempo que las cárceles verían reducidas su población penitenciaria en torno al 60% o 70% y la seguridad ciudadana volvería a ser percibida con más nitidez.
Que se hable, se discuta, se desmitifique y se pierda el miedo a proponer nuevas vías ya es un avance. Otra cosa será, al igual que ocurre en otros ámbitos, que los mercados nos lo permitan. No obstante, siempre, siempre, habrá que seguir intentándolo.
* Profesor y presidente de la
Asociación KALA


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