Asignaturas pendientes

Nuevamente ETA consume la mayor parte del debate del estado de la nación. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a la pregunta ¿cuál ha sido el tema principal del debate?, el 63,5% de las personas encuestadas señala el terrorismo, solo el 2,2% los temas sociales. Es indudable que, después de cuarenta años, el terrorismo con cerca de mil muertes a sus espaldas siga siendo un grave problema para nuestro Estado. Sin embargo, año tras año, legislatura tras legislatura, parece como si fuese el único problema importante que padecemos. Mientras tanto, se tapan las otras asignaturas pendientes tan importantes o más que la de ETA.

A los hechos me remito: ¿Se ha debatido sobre el empobrecimiento y la exclusión social que padece nuestro Estado? ¿Ven los señores diputados razonable cómo año tras año sube la población penitenciaria, procedente en su mayoría de los sectores más desfavorecidos? ¿No les alarman a todos los grupos parlamentarios los centenares de muertes que cada año se producen en las aguas del Mediterráneo y Atlántico a causa de la actual política internacional y migratoria? Podríamos continuar con un largo etcétera; sin embargo, analicemos brevemente algunos de estos graves problemas sociales.

Casi 66.000 personas, entre penados y preventivos, habitan hoy en las 77 cárceles españolas, la mayor tasa de encarcelados del entorno europeo. Un dato abrumador si lo comparamos con los 9.392 presos del año 1977, hace treinta años, justo cuando celebramos las primeras elecciones democráticas después de la dictadura franquista. Una población reclusa compuesta por más de un 80% de personas procedentes del empobrecimiento y la exclusión social. Hace unas semanas salió una noticia en la que un preso de la cárcel de Albolote (Granada) llevaba 437 días en prisión después de haber sido absuelto por un tirón. Un gravísimo error judicial que recayó sobre una persona que padece la injusticia de vivir en la exclusión social. "Corre, corre, eres libre", recuerda esta persona que le dijo el funcionario cuando la prisión se dio cuenta del error. "Tranquilo, que no es para tanto", dice que le respondió esta persona toxicómana, de 32 años y con trece hermanos que duerme en un coche abandonado e intenta ganarse la vida de gorrilla. ¿Estas son las leyes que supuestamente, en un Estado social, democrático y de derecho, deben de estar al servicio de la justicia social? ¿Esta es la reinserción social que propugna la Ley Penitenciaria?

Al transcurrir de los años, treinta desde las primeras elecciones democráticas posfranquistas, las cifras nos dicen que han aumentado los asalariados en el sector público (de 1.393.000 a 2.932.200), el salario mínimo ha pasado de los 79,3 euros al mes a 570,6, que la población activa ha pasado de 12.551.000 hasta los 19.747.700... Sin embargo, junto al creciente nivel de vida que ha alcanzado este país, hay que denunciar, una vez más, la situación de vulnerabilidad social que padecen los más de 8.000.000 millones de personas empobrecidas que malviven en nuestro Estado. Una realidad que se mantiene gobierno tras gobierno y que representa el principal caldo de cultivo del que se nutren las cárceles. Podemos decir, sin duda a equivocarnos, que es la mayor injusticia social que padece este país.

Hemos pasado de tener una población extranjera de 161.912 personas en el año 1977 a 4.144.166 en 2006, lo que ha reportado unos importantes beneficios a la economía del país (sus cotizaciones suponen 8.000 millones más de euros al año). Sin embargo, es muy preocupante que para los españoles la inmigración suponga el segundo problema. ¿Qué políticas se están desarrollando para que, a pesar del enriquecimiento que supone para la tesorería del Estado el empleo proveniente de la inmigración, la población tenga esta equivocada percepción? Desde la primera Ley de extranjería promulgada en 1986 hasta la actual, el fenómeno de la inmigración se ha planteado como un problema de invasión de fronteras, de vallas y policías, de lo que hay que defenderse bajo el inhumano y cínico calificativo de ilegal. Sin embargo, lo que sí podemos considerar de terrible violación a los derechos humanos son estas leyes y tratados que han causado la muerte de miles de personas en aguas del Mediterráneo y Atlántico, que expulsan a miles de inmigrantes, incluso causando muertes como la del caso del nigeriano Osamuyi ; hacinando a centenares de personas en centros de inmigrantes en los que se viola permanentemente la dignidad.

¿Sabíamos que 30.000 niños y niñas viven sin padres y madres en los centros de protección de menores de España? ¿Cómo calificar esta tremenda situación? ¿Qué tipo de sociedad estamos desarrollando para dar lugar a tanto sufrimiento en los sectores más frágiles de la misma, como son los niños y los ancianos? ¿Por qué no se ponen en marcha políticas sociales que eviten la situación de riesgo de muchas familias, en vez de decretar desamparos que retiran a los niños de este tipo de familias? ¿Por qué no se facilitan medidas que posibiliten acoger temporalmente a estos críos en núcleos familiares?

Podríamos seguir enumerando muchos otros casos como ancianos desamparados, mujeres maltratas,- sin dejar de reconocer algunas de las leyes que intentan paliar estas duras situaciones sociales.

A pesar de todo ello, los más altos representantes del Estado centrarán su debate, una vez más, sobre el grave problema del terrorismo. Seguirán tapando la injusticia social, que tanto dolor y sufrimiento está causando entre la población más invisible, aquélla que sólo aparece en los medios de comunicación como causante de la inseguridad ciudadana, de la mala imagen y de alguna noticia que más que denunciar y exigir soluciones echará aún más leña al fuego sobre las espaldas más débiles y apaleadas de la sociedad.

* Profesor y coordinador del Area de Marginación de la Apdha