EL ESTATUTO AUTONÓMICO DE ANDALUCÍA

Llevamos algún tiempo debatiendo como Estado las futuras reformas estatutarias de las Autonomías, alguna de ellas, como la valenciana, admitida a trámite en el Congreso de los Diputados.

En este interesante y trascendental momento por el que atraviesa este país asistimos a un animado debate político protagonizado por algunas autonomías, caso de Cataluña y País Vasco. Se consideran naciones históricas a raíz de habérseles reconocido sus estatutos autonómicos en la segunda república, por el hecho de poseer un gran número de tradiciones y modos de ser, así como una misma lengua. Amparadas en ello, tienen como objetivo conseguir el máximo techo de autogobierno.

Andalucía llegó a tener una situación preautonómica, y de no haber sido por el golpe militar franquista de 1936 hubiese gozado de una autonomía al igual que Cataluña, País Vasco y Galicia. De ahí se desprende que desde finales de los años 70, en plena transición política, los andaluces reclamemos nuestro reconocimiento histórico como autonomía a través del artículo 151 de la Constitución (vía para las plenas competencias autonómicas). Memorables fueron el 4 de diciembre de 1977 cuando millones de andaluces salimos a la calle con las banderas verdiblancas exigiendo el reconocimiento nacionalista que históricamente se nos había negado. Posteriormente, el 28 de febrero de 1980 nos ganamos a pulso, a través del referéndum, el acceder a nuestra autonomía por el artículo 151, lo que suponía el mismo techo autonómico que las tres nacionalidades consideradas históricas.

Hasta finales del siglo XVII se designaba con la palabra nación a un grupo social o realidad cultural, con gran número de tradiciones, así como una misma lengua; en nuestro caso se trataría del andaluz. Sin embargo, por un espíritu centralista cultural y lingüístico el término nación fue absorbido por el término Estado (territorio formado por un  grupo social numeroso que forma una unidad política de acuerdo con una Constitución). En estos tiempos el sentido de la razón y la memoria histórica nos debe llevar a buscar soluciones que vuelvan compatibles la convivencia y la cohesión entre diferentes naciones, pueblos o regiones en el seno de un mismo Estado. Por lo que sería razonable que en nuestro estatuto se reconociera a Andalucía como una nación integrada en el Estado español.

Siendo este punto importante por el reconocimiento de nuestra historia y tradiciones, lo es más la consideración social que el nuevo estatuto debería acoger y proclamar. En una Andalucía donde la sociedad está dualizada, una la del bienestar y otra empobrecida económica y socialmente, en la que encontramos a más de 300.000 personas en una situación de extrema pobreza, el nuevo estatuto deberá marcar con absoluta prioridad los derechos sociales con garantías de cumplimiento. Si bien es verdad que la educación y la sanidad han alcanzado metas aceptables, la vivienda digna y el empleo distan mucho de haber llegado a toda la población. La formación y el empleo junto al acceso a una vivienda digna distribuida por todo el tejido urbano de las ciudades que evitasen los guetos sociales, verdaderas bolsas de exclusión social, son los pilares que generan la verdadera justicia social.

Desde esta perspectiva el nuevo Estatuto debería tener en cuenta los siguientes puntos:

1.- Los recursos básicos que deben dar respuesta a las familias más desfavorecidas son el empleo y la formación, que posibilitan la verdadera integración social de las mismas.

2.- El derecho a una renta básica sería un recurso mínimo imprescindible para cualquier ciudadano.

3.- El desarrollo de un tejido urbano equilibrado y cohesionado que evite las barriadas tipo gueto que tanto daño han hecho a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y la erradicación por completo de asentamientos chabolistas. El caso del Vacie significa el fracaso más rotundo de la política social desarrollada por las administraciones. Para ello sería necesario el desarrollo real de la ley de suelo que establece, además de que el 25% sean VPO, una distribución de la vivienda social por todos los planes parciales de los PGOU de las diferentes ciudades.

El empleo, la formación, la renta básica y la vivienda generarían  resultados bastante satisfactorios en los sectores de mayor exclusión social, que conllevarían a paliar en gran medida los estragos que tanto el tráfico como el consumo de las drogas provocan, causa directa de la masificación de las cárceles.

4.- El desarrollo de una nueva política sobre drogas, que sitúe a las mismas en un nuevo marco jurídico que prevea la legalización de estas sustancias y la despenalización de conductas relacionadas con las toxicomanías, que conlleve a ver a la persona consumidora e incluso al pequeño   traficante como las principales víctimas del narcotráfico. Esto llevaría a dar una respuesta sanitaria y social, en vez de la penal y penitenciaria determinadas por la actual política, que tienen hacinadas a las cárceles de jóvenes enfermos y empobrecidos  mayoritariamente.

5.- El desarrollo de una política social que evite las situaciones de riesgo en los niños de los barrios más desfavorecidos, ya que en algunos casos, por la realidad que viven, son retirados de sus familias por parte de la administración.

6.- La puesta en marcha de una política de protección de menores basada, en los casos de desamparo, en el apoyo a la familia extensa y en la de acogida. Al mismo tiempo, la legislación sobre los menores infractores no debe basarse en  una ley penal cuya finalidad sea reprimir y controlar por encima de otras consideraciones, ahondando aún más en la exclusión del menor infractor. Deberá buscar soluciones basadas en la educación, prevención, mediación, arbitraje social, etc.

7.- Los menores inmigrantes acogidos por la Junta de Andalucía deberían ser objeto de políticas sociales, educativas, formativas y laborales encaminadas a brindarles una ciudadanía digna al igual que al resto de la juventud, evitando soluciones fáciles como la repatriación o la construcción de centros de menores en Marruecos que no ofrecen ninguna garantía.

8.- Andalucía por su situación geográfica es la puerta de Europa para muchas personas empobrecidas de África. La desesperación y la falta de futuro que provocan la guerra y la pobreza hace que miles de personas hayan dejado su vida en las aguas del Estrecho y de Canarias y, más recientemente, en los intentos de acceder a través de los nuevos muros de la vergüenza europea de Ceuta y Melilla. El nuevo Estatuto debe apostar por una política social sobre inmigración que posibilite la incorporación de las personas inmigrantes en nuestra sociedad, evitando medidas policiales y de contención que lo único que provocan es una riada de muertes injustas e inhumanas.

9.- El Estatuto debe favorecer una política exterior de cooperación y solidaridad con la vista puesta en los 2.500 millones de personas que malviven sobre todo en el África Subsahariana.

10.- El Estatuto debe potenciar una red de servicios públicos asistenciales que sean cauce de integración social, sobre todo para las personas con mayores necesidades: sin techo, toxicómanos, ancianos, mujeres prostituídas…, evitando todo tipo de medidas que los fiscalicen y judicialicen aún más.

Todos estos objetivos sociales deberían concretarse en una ley de inclusión social para que lo que marque el nuevo Estatuto no se quede en una mera declaración de buenos principios.

                                                               Córdoba, 12 de octubre de 2005

                                                                  

Miguel Santiago Losada

                                                                   Coordinador del Área de Marginación

                                                                   APDH-A