NO TODAS LAS PERSONAS TIENEN TECHO EN ESTA CIUDAD

La adjudicación de ciento diez viviendas de protección oficial en el Polígono del Guadalquivir ha propiciado un conflicto social ante la grave situación que está provocando la falta de viviendas de protección en nuestra ciudad.

Existe una fuerte demanda de viviendas, sobre todo, en las zonas más empobrecidas de la ciudad, en las cuales las familias no tienen recursos para comprar una vivienda. Son barriadas con un elevado índice de población infantil y juvenil. Existen numerosos casos donde pueden llegar a convivir hasta una media de diez a quince personas. Situación que se hace insostenible cuando se trata de viviendas que no llegan a los cuarenta metros cuadrados y se encuentran en mal estado de habitabilidad como es el caso de los pisos de la calle Torremolinos y aledaños.

Una consecuencia inmediata de lo anterior es que las jóvenes familias se ven obligadas, en algunos casos, a “buscarse la vida”, con la consiguiente aparición de núcleos chabolistas. En lo que va de año hemos detectado tres en la zona sur de la ciudad.

Ante la cruda realidad que están padeciendo estas familias es urgente la construcción de VPO para terminar con los hacinamientos y los asentamientos chabolistas. Unas viviendas que estén repartidas por todos los distritos de la ciudad para evitar los guetos sociales que generan tanta desvertebración social.

Junto a la construcción de viviendas es necesario desarrollar una política social que favorezca la creación de puestos de trabajo para que estas personas puedan vivir con dignidad en sus nuevos hogares. Esto evitaría que algunas personas de estos barrios utilicen las drogas como economía sumergida para su mantenimiento, con el deterioro familiar y social que ello conlleva.

Al mismo tiempo se hace necesario un profundo debate en el mismo seno del movimiento vecinal encaminado a analizar la realidad social que viven estas zonas más deprimidas de la ciudad, que evite todo tipo de prejuicios hacia las personas más empobrecidas como indeseables, vagas, culpables del tráfico de drogas, generadoras de violencia e inseguridad ciudadana,… lo que lleva irremediablemente a una política penalizadora que reprime y encarcela. Sin embargo, si analizamos las verdaderas causas como el paro, la falta de vivienda, la falta de formación, el negocio internacional de las drogas, la ausencia de una política sociolaboral que dé respuestas a los jóvenes de estos barrios,… seguro que las reivindicaciones irán más por el camino de exigir a las administraciones más intervención social, laboral cultural y económica; que por la simple demanda de una mayor presencia policial. Hace falta una coordinación entre todo el movimiento ciudadano para urgir que los derechos humanos sean el pilar básico a la hora de la vertebración social de las zonas más marginadas de la ciudad.

                                                                Miguel Santiago Losada

                                                          Delegado en Córdoba de la APDHA

                                                            Córdoba, 23 de octubre de 1995