CÓRDOBA, PARADIGMA
Un Estado
social, democrático, de derecho y aconfesional es lo que somos según la Constitución
española, o para ser más correctos, lo que deberíamos ser.
Como Estado
social, España se encuentra muy lejos de alcanzar unos niveles satisfactorios
de justicia y equidad. Baste recordar que tiene uno de los gastos públicos
sociales por habitante más bajos de la UE-15 (grupo de países de la UE de
semejante nivel de desarrollo económico que el nuestro). La Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV) muestra que el
20% más pobre de la población española ha sido el que más renta ha perdido
desde el inicio de la crisis y que las clases medias-altas y altas apenas han
sentido el devenir económico durante la recesión. Murcia
y Andalucía son las que más han padecido esta dura realidad, encabezando los
rankings de mayor desempleo, según datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA).
Como Estado
democrático, tampoco estamos en los mejores momentos si analizamos la situación
política. Las últimas declaraciones de algunos dirigentes políticos confirman
lo que era fácil de ver y adivinar: grupos financieros, económicos y mediáticos
han entorpecido, con la complicidad del aparato del PSOE, una alternativa
progresista al gobierno más cuestionado por la corrupción y más conservador existente
en la UE-15, dando lugar a una democracia muy limitada, con escasa sensibilidad
social.
Como Estado
de derecho, nos encontramos con un país excesivamente normatizado que encorseta
cada vez más a la ciudadanía, con una de las
leyes penales más duras de la Unión Europea para una de las sociedades
menos delictivas. Una ley sumamente penalizadora con los de abajo, que masifica
las cárceles de personas empobrecidas, mientras los verdaderos corruptos y
delincuentes acampan a sus anchas.
Como Estado aconfesionalidad la verisimilitud es nula.
La jerarquía católica, después de 40 años, sigue gozando de múltiples
privilegios, impropios de un Estado aconfesional. El Estado sigue permitiendo a
la Institución eclesial católica la falta de transparencia en sus cuentas, la
inmatriculación de los bienes más valiosos del patrimonio nacional y el
adoctrinamiento moral católico en los centros educativos públicos.
Nuestra querida Córdoba
es un paradigma muy acentuado de lo descrito, me remito a dos hechos evidentes:
la dura realidad social que vive nuestra provincia y el poder fáctico del que
goza la jerarquía católica. Según la última
Encuesta de Población Activa (EPA), en el último trimestre la cifra de personas
desempleadas en nuestra provincia afecta 32.50%. Junto a Jaén, somos de las provincias
con más paro. Esta tremenda situación perjudica de una manera determinante a
los más jóvenes viéndose obligados a emigrar, como hace décadas, lo que ha
motivado una disminución en la población joven cordobesa de un 18,26% (38.900
jóvenes menos) con respecto a la que había en 2005, según datos ofrecidos por
la Secretaría de Juventud de CCOO en Andalucía. Por otra parte, si nos
referimos a los privilegios de la jerarquía católica, Córdoba también destaca
al haber poseído el Cabildo catedralicio la segunda caja de Ahorros de
Andalucía (CAJASUR) y tener en sus manos el buque insignia de la economía
turística de la ciudad, la Mezquita-Catedral. Alrededor de 13 millones de euros entran en sus
arcas sin declarar, ni tributar,
recayendo todos sus beneficios en el Cabildo.
Nos queda un largo
camino por recorrer hasta ver un país tal y como lo define la Constitución, y una
Córdoba cuya política social y económica le permita alcanzar mayores niveles de
equidad y bienestar social y, a la vez, liberada del corsé de la jerarquía católica.
Córdoba,
20 de noviembre de 2016
Miguel Santiago Losada
Profesor
Comentarios
Publicar un comentario