Semana santa sin fronteras

El pasado 18 de marzo, la titular del juzgado de 1 instancia nº 16 de Barcelona revocó y dejó sin efecto la resolución de la Dirección General de Atención a la Infancia de Cataluña, que decidió que un joven de Malí era mayor de edad después de practicarle una serie de pruebas físicas, y por ello dejaba de estar protegido por la legislación sobre desamparo de menores. El fallo judicial confirma la minoría de edad, señalando que la prueba practicada al joven no ha servido para aclarar su edad (-). No siendo posible un grado de certidumbre sobre la mayoría de edad de esta persona, ha de estimarse que es menor de edad (-), es de aplicación el principio de interés del menor que ha de prevalecer frente a cualquier otro.

No es la primera vez que la judicatura rechaza la prueba forense para determinar la edad de niños/as y jóvenes inmigrantes.

El joven, Yaya, tenía un pasaporte expedido por su país el 16 de noviembre de 2009, donde constaba la edad de 14 años, según se indica en la sentencia. A pesar de existir este documento, al joven se le practicó una prueba física para determinar si era realmente menor de edad.

En Córdoba he tenido conocimiento directo de dos casos con las mismas características. El primero, un joven de Ghana que se encontraba en un centro de protección de menores. El sistema de protección mandó hacerle la prueba forense para determinar la edad del joven, que dictaminó que era mayor de edad. La Administración inmediatamente lo denunció por falsificación de documento público y se le abrió una orden de expulsión. Evidentemente, este joven menor de 18 años fue puesto de patitas en la calle, acabando en la casa de acogida del Ayuntamiento de Córdoba.

Indefenso, menor de edad, a miles de kilómetros de su familia, denunciado por los que tenían que protegerlo, sometido a pruebas médicas a todas luces dudosas e inexactas, no reconocido por el propio Estado social, democrático y de derecho, y muertecito de miedo, llegó a las puertas del centro de acogida municipal. Les abrieron estas puertas y, con el apoyo de su personal y de mi asociación KALA, se pudo demostrar, tras conseguir su pasaporte, que era menor de edad. Las denuncias fueron archivadas, fue readmitido en el centro de menores y se le ha concedido el permiso de residencia.

Amadu, es otro caso similar. Entró en España siendo menor, estuvo en un centro de menores de Almería y nunca llegó a estar tutelado y regularizado. Le practicaron la prueba ósea por la que lo consideraron mayor de edad. Meses después llegó la documentación de su país, cuando ya era mayor de edad, que confirmaba que, cuando se le realizó la prueba ósea, aún tenía menos de 18 años. Hoy, obligado a vivir en la clandestinidad, espera el día en que poder conseguir sus papeles.

La desesperada situación que viven los países africanos está provocando un repunte de llegada a nuestras costas de niños/as y jóvenes inmigrantes en relación a meses anteriores. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía subrayó que la salida masiva de menores de un país perjudica a éste porque le descapitaliza, ya que, en la mayoría de los casos, los jóvenes que llegan son los que en sus países, mayor formación y situación económica tienen. No sé de dónde la Sra. Consejera saca estas conclusiones. Conozco a bastantes chavalitos inmigrantes, y la inmensa mayoría proceden de unas condiciones económicas muy empobrecidas, adolecen de una educación escolar y vienen con una nula formación laboral. Muchos de ellos llenan los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que la Consejería de Educación ha establecido en los Institutos. No obstante, si el nivel es el que dice la citada consejera, podría dar el dato de los que, tras ser tutelados, acaban en la Universidad.

Propongo dos planteamientos muy básicos a tener en cuenta para evitar estos atentados contra los derechos humanos. En primer lugar, que el sistema de protección del menor se ponga al lado de los/as niños/as y jóvenes, respondiendo sin perversidades a la legislación: por el bien del menor. En un Estado de derecho debe prevalecer la presunción de inocencia y más si hablamos de personas menores de edad. Y, en segundo lugar, invito a los/as médicos a que no hagan pruebas médicas de dudoso rigor. Sabemos que estas pruebas pueden tener un error hasta de varios años, muchos de los propios médicos forenses así lo afirman.

Quiero llamar la atención ante estas injustas situaciones que padecen los chavales inmigrantes: son niños/as, es decir, menores de edad, con las mismas necesidades que nuestros hijos/as menores; son pobres, y muchas veces rechazados por los propios Estados, defensores de los derechos humanos y de la declaración de los derechos del niño.

* Profesor y presidente de Kala