LAVOLUNTAD DEL PUEBLO
Desde esta decisión popular expresada en las urnas saludo a
la nueva alcaldesa que tendrá que velar por todos los derechos y libertades
proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
u otra condición” (art.). Este artículo para que pueda desarrollarse
adecuadamente, tendrá que basarse en una serie de medidas sociales como las que
a continuación expongo.
Señora alcaldesa, esperamos de usted que respete y haga
valer el derecho a la libre circulación de las personas, ateniéndose a los
artículos 6, 7 y 13 de la Declaración Universal. Para ello, su municipio deberá
ser un auténtico territorio sin fronteras, en el que no se persiga, maltrate o
viole algún derecho de cualquier persona por el mero hecho de ser inmigrante
“sin papeles”; por el contrario, se le debe facilitar todos los medios pasa ser
un ciudadano con los mismos derechos y deberes que cualquier otra persona.
Esperamos de usted que respete y haga valer el derecho a la
intimidad de sus ciudadanos ateniéndose al art. 12 de la Declaración Universal.
Para ello, su municipio deberá ser un espacio libre de cámaras de
videovigilancia, de archivos personales, de controles policiales,… que hacen de
la ciudadanía objeto de sospecha, miedo, persecución, y que potencian un estilo
de Estado más represor que democrático, más policial que de ciudadanos libres y
democráticos.
Esperamos de usted que respete y haga valer el derecho al
trabajo de los ciudadanos, ateniéndose al art. 23 de la Declaración Universal.
Su equipo de gobierno municipal deberá desarrollar un programa que potencie a
las empresas públicas de su ciudad o pueblo y que apueste por las empresas de
inserción sociolaboral, que posibiliten que las personas más desfavorecidas
puedan acceder al mercado laboral.
Esperamos de usted que respete y haga valer el derecho a
unos servicios sociales acordes con el art. 25 de la Declaración Universal.
Servicios sociales que apuesten por la salud, la alimentación, el vestido, la
vivienda,… Una política social que termine con la marginación y la desigualdad,
dando una respuesta humana y adecuada profesionalmente a los colectivos que más
sufren las violaciones de los derechos humanos: transeúntes, mujeres que
ejercen la prostitución, toxicómanos, enfermos terminales, familias destrozadas
por la exclusión social. Personas que posiblemente no habrán ejercido el
derecho al voto, pero que necesitan de su dedicación política para que gocen de
los derechos humanos como cualquier otro ciudadano.
Esperamos de usted que emprenda políticas que ayuden a
solucionar los graves problemas derivados por el consumo de las drogas:
enfermedades terminales, cárcel, destrozo personal y familiar,… Política social
que podría ir encaminada hacia la creación de centros de acogida, en los que se
desarrollen programas de higiene, atención médica y psicológica, suministro de
estupefacientes con el consiguiente control sanitario para que no se vean
abocados a delinquir (causa fundamental de la deshumanizante cadena: droga,
sida, delincuencia, policía, juzgados, cárceles, muerte en algunos casos).
Esperamos de usted que genere una sensibilización y
concienciación social que haga de su ciudad un espacio solidario y responsable,
posibilitando encuentros permanentes con le movimiento social de base, abriendo
unos barrios a otros, rompiendo guetos urbanísticos, dando propuestas sociales
a los problemas derivados por la injusticia social, generando una buena
coordinación con las demás administraciones para el bien de toda la ciudadanía.
Esperamos de usted, asimismo, que destine el 0.7% para la
ayuda al desarrollo de los países empobrecidos.
Por último, queremos manifestarle que, desde la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía, estaremos bien atentos a que cada uno de los
derechos, anteriormente mencionados, se respeten en su ciudad. Ese es nuestro
deseo, y esa será nuestra tarea.
Miguel Santiago Losada
Presidente de la APDH-A
Córdoba, 6 de julio de 1999
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