Miguel Santiago Losada

Estoy harto de la frasecita más repetida en el último semestre: “la ley que permite los matrimonios homosexuales es un atentado contra la familia” . Eslogan acuñado preferentemente por altos mandatarios de la jerarquía eclesiástica y del Partido Popular, basado en la más rancia ideología estática y conservadora de la historia.             Para mi entender un atentado contra la familia se hace realidad cuando la Administración retira a los hijos de una familia que se encuentra en situación social de riesgo; cuando los ayuntamientos utilizan como único recurso a la policía para desmantelar los asentamientos de familias empobrecidas del este Europa; cuando las Administraciones recortan los presupuestos destinados a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad; cuando algunos sindicatos, llamados de clase, critican el acceso al tercer grado de los presos o anteponen los centros de menores a la posibilidad de que los niños puedan ser acogidos por las familias; cuando las intenc

El pasado miércoles de Feria prometía como un día festivo, amistoso, de encuentro y diversión. Más de cuarenta personas de distintos colectivos, entre ellos mis dos chavales marroquíes, almorzábamos un delicioso perol servido con una amabilidad entrañable en la caseta de la Asociación de Vecinos de la Axerquía. Conforme avanzaba la tarde iniciamos un peregrinar de casetas para seguir disfrutando de la Feria. Sin embargo, una serie lamentable de acontecimientos nos iban enturbiando el día. Con mis propios ojos presencié cómo a mis chavales, por su condición marroquí, junto a otros de sus amigos, se les impedía el paso en varias casetas (Tablao, Latinoamericana y Territorio Coyote), al mismo tiempo que, sin el menor pudor, iban entrando otras personas con el perfil adecuado según la percepción de los porteros o guardas jurado que flanqueaban las puertas. Incluso uno de mis amigos que nos acompañaba fue agredido por un portero por el mero hecho de pedir explicaciones ante tanta xen

Ante la verdad evidente, la mentira es incapaz de esconderse tras ninguna máscara por mucho que nuestros gobernantes intenten vivir en un dilatado carnaval. Eran las doce y media del primer día de este febrero frío cuando el cuerpo sin vida del niño rumano Pablo entraba en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Le acompañaba su padre --su madre, muerta de dolor, no pudo asistir--, familiares, amigos rumanos y miembros de la APDH-A en condición, más que de defensores de los derechos humanos, de amigos y amigas. Ante la evidencia de la más desvergonzada dejadez política, que no destina el más mínimo presupuesto para realizar un trabajo social con este colectivo de inmigrantes, la familia del niño Pablo, de apenas veinticinco días de vida, no recibió ni un telegrama de pésame ni una mano que muestre condolencia ni la más mínima presencia institucional, como suele ocurrir cuando en nuestra ciudad muere un ciudadano en circunstancias excepcionales. Tal vez fue lo mejor porque, a

Terminé el curso pasado suspendiendo la política social de nuestra alcaldesa. Evaluaba la baja dedicación que su gobierno municipal destina a los sectores más desfavorecidos de nuestra ciudad. Esperaba que después de un año de gobierno municipal hubiese una apuesta decidida en el ámbito de lo social. Pero mi sorpresa es que no sólo no aprueba la asignatura de lo social, materia que debería ser tratada con la máxima sensibilidad y compromiso acorde con una ideología de izquierdas, sino que ha habido una serie de hechos durante el verano verdaderamente preocupantes.          La noticia que más me sorprendió fue la expulsión de los rumanos y el levantamiento de los asentamientos a través de una acción policial, que nuestra primera edil dejó firmada antes de irse de vacaciones. Este hecho fue enérgicamente  denunciado por los colectivos sociales más implicados en la solidaridad con los inmigrantes. ¿Cómo se puede estar después tras una pancarta o debatir en un pleno municipal sobre l

Deberíamos considerar las condiciones sociales en las que surgieron las organizaciones beligerantes, terroristas... Para ponerlo en el tono plañidero de George Bush : "¿Por qué nos odian?". La pregunta también la formuló hace medio siglo Eisenhower refiriéndose a "la campaña de odio contra nosotros en el mundo árabe". El motivo principal, advertía el Consejo de Seguridad Nacional, proviene de haberse dado cuenta que EEUU respalda a gobiernos corruptos y brutales que bloquean la democracia y el desarrollo para proteger sus intereses petroleros en el Medio Oriente o, podríamos añadir, defenderse a través de contrarrevoluciones de la lucha por la justicia social que recorría toda la médula de América Latina. Estos intereses, principalmente de origen económico, avalados con mayor o menor respaldo por los países del llamado Primer Mundo, han provocado tal cantidad de guerras y conflictos, en los que se cuentan por millones las víctimas, que han ido generando resistenc

Desde el año 1980 al 1990 la población penitenciaria aumentó en más de 20.000 personas presas, llegando a los 33.000. Las cárceles españolas se iban llenando principalmente de personas jóvenes y empobrecidas relacionadas con el grave problema del tráfico y consumo de drogas, que irrumpió con fuerza entre los años 70 y 80. El entonces Gobierno socialista, en lugar de plantear una política sobre drogas que estableciese un marco legal, desarrolló el plan nacional de macrocárceles bajo el ministerio de Antonio Asunción. Grandes complejos penitenciarios se iban construyendo a las afueras de las ciudades por todo el país, que sustituían a las viejas cárceles, generalmente de pequeñas dimensiones. Diez años después, en el 2000, y como era de esperar, ya eran más de 45.000 las personas que abarrotaban las cárceles, dejando el objetivo de la reinserción social en una pura falacia. En aquellos años de Gobierno del PP, lejos de plantear una nueva política sobre drogas, e incluso una política

"Estamos avergonzados de que en 2004 alrededor de 38 millones de personas estén viviendo con VIH/sida y luchando las mismas batallas después de dos décadas", señaló la declaración oficial de la Conferencia Internacional de Bangkok celebrada en julio. La situación es tan extremadamente grave que podríamos calificar a la epidemia de crisis de derechos humanos como señala la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan . Esta realidad presenta su máximo exponente en la Africa Subsahariana que soporta una asfixiante deuda externa, pagando cada año 15.000 millones de dólares, cuatro veces lo que los mismos países africanos gastan en salud y educación, las dos mejores medicaciones para combatir el sida. La violación de los derechos humanos que sufren, sobre todo los países del llamado Tercer Mundo, acrecienta la vulnerabilidad de las personas al contagio, cebándose con los sectores más excluidos de la sociedad. Precisamente, el factor de la injusticia social